La reciente ampliación del Programa de Ocupación Temporal en Chihuahua, anunciada por la gobernadora Maru Campos, es una respuesta necesaria y oportuna ante la crisis que enfrentan miles de familias en la región centro-sur del estado debido a la sequía. La inversión de 20 millones de pesos para generar empleo en 12 municipios afectados refleja un compromiso tangible con las comunidades más vulnerables.
Sin embargo, esta medida, aunque loable, subraya una problemática recurrente: la dependencia de soluciones temporales frente a desafíos estructurales como la sequía. Es imperativo que el gobierno estatal, en colaboración con los municipios y la sociedad civil, desarrolle estrategias a largo plazo que aborden las causas subyacentes de estas crisis. La implementación de políticas de gestión sostenible del agua, inversión en infraestructura hídrica y programas de reforestación son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura y la vida cotidiana de los chihuahuenses.
Además, es crucial fomentar la diversificación económica en estas regiones, reduciendo la dependencia exclusiva de actividades agrícolas susceptibles a las variaciones climáticas. La promoción de industrias alternativas y el apoyo a emprendedores locales pueden ofrecer fuentes de ingreso más estables y resilientes.
La ampliación del Programa de Ocupación Temporal es un paso en la dirección correcta, pero no debe ser visto como una solución definitiva. Es momento de que las autoridades y la sociedad trabajen conjuntamente en la construcción de un futuro más sostenible y menos vulnerable a las inclemencias del clima.
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