En medio de un contexto de tensiones migratorias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea construir un nuevo centro de detención en el norte de California, uno de los más grandes del país. Esto provocó una fuerte reacción de defensores de derechos humanos, legisladores estatales y comunidades locales, preocupados por el impacto social y económico del proyecto.
La iniciativa surge tras las políticas federales recientes que buscan endurecer las deportaciones y ampliar la capacidad de respuesta ante la inmigración irregular. Los documentos revelan que el centro podría albergar entre 850 y 950 personas, lo que lo convertiría en una de las instalaciones más grandes del ICE en el país.
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Esto, según expertos, abre la puerta a un incremento en las redadas y deportaciones masivas que afectan especialmente a comunidades vulnerables en el estado. Conoce todos los detalles y las controversias detrás de la iniciativa.
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Detalles del plan de expansión del ICE en California
El ICE emitió una solicitud de información el pasado mes de agosto para identificar posibles ubicaciones. Una de las condiciones claves fue que el nuevo centro esté situado a un par horas de la oficina de campo de San Francisco, con la intención de facilitar ciertas operaciones.
Además, las instalaciones podrían ser de propiedad pública o privada, aunque es común que el ICE subcontrate la gestión a empresas privadas como CoreCivic y GEO Group, las cuales fueron criticadas por priorizar ganancias sobre condiciones humanas. Actualmente, California cuenta con seis centros de detención con capacidad para casi 3,000 detenidos diarios.
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La expansión de estos preocupó a opositores y diversos grupos defensores de los derechos humanos. La senadora María Elena Durazo, advirtió sobre el impacto devastador en familias y comunidades, así como las implicaciones económicas negativas.
Preocupación por posibles violaciones de los derechos humanos por el nuevo centro del ICE
Diversos informes señalaron abusos en los centros de detención actuales, incluyendo negligencia médica y represalias contra los detenidos. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitaron mayor transparencia y mejoras en las condiciones, aunque la jurisdicción federal limita las posibilidades de intervención por parte del estado de California.