Un juez federal en Texas emitió una orden temporal este martes por la mañana, a través de la cual bloquea el programa Parole in Place, también conocido como “Manteniendo Unidas a las Familias”. Este programa, impulsado por la administración de Joe Biden, permite a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses solicitar permisos de trabajo y protecciones contra la deportación.
La decisión del juez de distrito J. Campbell Barker llega tras una demanda presentada por 16 estados, liderados por representantes republicanos, que argumentaron que la política incentivaría la inmigración ilegal. A pesar de que el fallo es provisional, representa un duro golpe para la iniciativa del gobierno y afectará a miles de personas extranjeras en Estados Unidos.
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¿Qué es el Parole in Place y cómo funciona?
El programa Parole in Place entró en vigencia el 19 de agosto y tiene el objetivo de facilitar el proceso legal a los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses que han vivido en el país durante al menos 10 años. Este beneficio incluye permisos de trabajo temporales y protecciones contra la deportación.
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Para calificar, los solicitantes deben mostrar evidencia de estar casados con un ciudadano cuya unión matrimonial se haya producido antes del 17 de junio del 2024, además de probar que no representan una amenaza para la seguridad pública y nacional.
Este programa fue visto como una solución para familias de estatus mixto que enfrentaban el dilema de separarse o continuar viviendo en la incertidumbre legal. Sin embargo, recibió fuertes críticas por parte del área republicana.
¿Qué pasará con las solicitudes del Parole in Place?
El fallo del juez Barker detiene la aprobación de nuevas peticiones bajo el programa, aunque las autoridades aún pueden recibirlas. Según el Departamento de Seguridad Nacional, seguirán aceptando solicitudes mientras se defiende la medida en los tribunales. La orden inicial es válida por 14 días, pero podría extenderse.
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El futuro del programa Parole in Place dependerá de las decisiones judiciales que se tomen en las próximas semanas, mientras los solicitantes esperan una resolución definitiva que determine su estatus legal en el país.
