El 19 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impulsó el programa Parole in Place (PIP) para ciertos inmigrantes indocumentados. Una semana después, un juez de Texas suspendió sus efectos y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podía recibir solicitudes pero no emitir ninguna resolución. Ahora la iniciativa fue declarada ilegal, apenas tres días de que Donald Trump triunfara en las elecciones presidenciales.
El programa Manteniendo a las Familias Unidas estaba destinado a beneficiar a medio millón de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y a más de 50,000 menores de 21 años. Las restricciones impuestas por el juez de Texas J. Campbell Barker se extendieron hasta el viernes 8 de noviembre.
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En las últimas horas, el juez, que fue nombrado en el primer mandato de Donald Trump, resolvió que el gobierno estadounidense “carece de autoridad legal” para implementar el PIP.
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Las razones de la suspensión del Parole in Place
Una semana después de la entrada en vigencia del programa, el 26 de agosto el Tribunal para el Distrito del Este de Texas emitió una suspensión administrativa por un periodo inicial de 14 días, que impidió que el DHS otorgara el permiso de permanencia temporal en el país bajo este proceso.
Esto se determinó tras la demanda impuesta por al menos 16 estados, con fiscales republicanos, contra la iniciativa. Desde entonces, el bloqueo estuvo en vigor a través de órdenes judiciales adicionales aplicables.
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¿Qué pasará con los solicitantes del Parole in Place?
Hasta el momento, los solicitantes de este permiso de protección contra las órdenes de deportación debían esperar una respuesta por parte de las autoridades si se llegaba a reanudar el proceso. Luego de la decisión del juez sobre el PIP, la Casa Blanca emitió un comunicado para informar de la situación y se espera que el gobierno presente una apelación, que se estima que pueda demorar entre tres y seis meses.
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En tanto, Donald Trump tomará posesión del cargo a presidente el 20 de enero del 2025 y prometió iniciar “deportaciones masivas” de extranjeros no autorizados en el país. Además, diversos programas de protección a inmigrantes indocumentados podrían estar en riesgo de no renovación.
