Este martes, el juez federal en Texas J. Campbell Barker emitió una orden temporal para suspender el programa Parole in Place, también conocido como “Manteniendo Unidas a las Familias”, que había entrado en vigencia el 19 de agosto y tenía como objetivo facilitar el proceso legal a los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses. Tras conocer la noticia de esta abrupta medida, algunos solicitantes que tienen la esperanzas de obtener su Green Card quedaron desconcertados y comenzaron a consultar con profesionales para saber cómo proceder.
Guadalupe Gutiérrez, una joven mexicana de 21 años, contrajo matrimonio con su pareja de California a fines de junio del 2024 y se entusiasmó al conocer que, sin estatus legal de residente, reunía todas las condiciones necesarias para beneficiarse del programa. En diálogo con el medio El País, dijo estar triste por la suspensión. “Apliqué y otra vez está en pausa”, manifestó.
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La joven actualmente estudia negocios y cosmetología, pero por su situación migratoria no puede acceder a ciertos beneficios para su educación. “No tengo las mismas oportunidades que otras personas que nacieron aquí porque no puedo optar a la financiación para mis estudios. Con los papeles en regla, además, tendría oportunidades de encontrar trabajo y ayudar a mi familia”, explicó.
Según su testimonio, “es muy injusto” porque las personas que viven en EU indocumentadas ayudan económicamente al país. “Trabajan, pagan impuestos, llevan una vida tranquila y ellos piensan que venimos aquí a causar problemas”, agregó.
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La medida que tomaron algunos inmigrantes indocumentados tras la suspensión del Parole in Place
Esta semana, Gutiérrez había recibido la notificación para continuar con el proceso del programa, donde debía dirigirse a una agencia para la toma de huellas digitales. Pero luego de la suspensión del juez federal de Texas, aún no sabe si asistir o no a la cita programada.
Por este tipo de inquietudes que comenzaron a surgir dentro de la comunidad extranjera al tener conocimiento de esta medida, los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés) aconsejaron asistir a las entrevistas previstas, dado que, de reactivarse el proceso, los solicitantes ya contarán con los datos.
Chirla se unió a otras organizaciones que defienden a los migrantes para pedir que se escuche la voz de los afectados. “No entendemos por qué una familia unida se convierte en una amenaza para Texas y otros estados. Es importante que la comunidad sepa que la pausa en otorgar estos permisos no detiene el proceso y todavía se pueden enviar solicitudes. Se urge a que busquen asistencia con organizaciones de confianza y expertos en el tema”, dijo la directora ejecutiva, Angélica Salas.
