Las pretensiones de Donald Trump de modificar y endurecer la política migratoria han llegado a tal punto de pensar en eliminar la ciudadanía por nacimiento.
En una entrevista con Meet the Press el presidente electo Trump calificó la ciudadanía por nacimiento de “ridícula” y agregó: “Tenemos que ponerle fin”. Una advertencia que empezó a generar preocupación en miles de ciudadanos estadounidenses que tienen padres indocumentados.
La ciudadanía estadounidense se puede adquirir al nacer o mediante la naturalización posterior al nacimiento. Por lo que cualquier persona que nazca en suelo estadounidense se convierte automáticamente en ciudadana.
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¿Por qué Trump quiere acabar con la ciudadanía por nacimiento?
Expertos señalan que su pretensión podría estar ligada a cumplir la promesa de deportación masiva que el presidente hizo cuando era candidato.
Sin embargo, es una medida que seguramente acabaría en los tribunales, ya que excede la autoridad de Trump como presidente y viola un derecho constitucional.
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Según la decimocuarta enmienda de la Constitución, “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas del país y del estado en el que residen”.
“Ningún estado promulgará ni aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes”, detalla el texto.
¿Puede Trump eliminar la ciudadanía por nacimiento?
Para eliminar la ciudadanía por nacimiento, tendría que modificarse el texto de la Constitución, pero es un trámite más complicado de lo que parece, especialmente debido al proceso y a los tiempos en los que esto se realiza.
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Una enmienda constitucional requiere, de acuerdo con su quinto artículo, contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado o ser propuesta por una Convención Constitucional convocada por dos tercios de la legislatura estatal.
