El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a los legisladores estatales aprobaron un paquete de reglamentaciones meses atrás que comenzaron a regir en julio y abarcan varias áreas del territorio. Entre ellas, se encuentra una que afecta a ciertos trabajadores, donde se modificaron algunas pautas respecto a su labor, el salario mínimo y la exposición al calor.
Se trata del Proyecto de Ley de la Cámara 433 (conocido como HB 433), que prohíbe a los gobiernos locales (condados y ciudades) imponer requisitos adicionales de protección térmica para los empleados al aire libre. Según explicaron las autoridades, esta normativa fue trazada para brindar un resguardo también a las empresas que operan en distintas regiones del Estado del Sol, como parte de una regularización laboral. Con esta medida, evitarán que los municipios mantengan un sueldo mínimo que no sea uno estatal o federal, o que impongan requisitos adicionales de protección térmica que no estén contemplados en las leyes nacionales.
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Sin embargo, una de las partes más importantes de este proyecto se centra en la exposición al calor en el lugar de trabajo, lo que generó un debate interno dado que Florida se caracteriza por sus altas temperaturas y condiciones climáticas extremas durante el verano. En esta norma, se establece que ninguna subdivisión política podrá exigirle a los empleadores requisitos de exposición al calor que no sean ya impuestas por la ley establecida en Estados Unidos.
¿Cuáles son los cambios para los trabajadores y empresas de Florida?
La HB 433 comprende que las empresas tendrán un respaldo con relación a las reglas que deben aplicar. En tanto, para los empleados podría significar que algunas áreas con condiciones de trabajo arduas no puedan beneficiarse de regulaciones locales diseñadas para ofrecer mayor protección. Sin embargo, la ley permite que los gobiernos locales establezcan y mantengan estándares de exposición al calor para sus trabajadores, ofreciendo flexibilidad y seguridad adicional en el ámbito público.
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Por otro lado, las subdivisiones no podrán considerar ni buscar información relacionada con cómo las compañías gestionan dicha exposición de sus empleados, con la intención de evitar que las medidas locales influyan en la competencia de los contratos públicos y, de esta manera, asegurar que todos los proveedores compitan en igualdad de condiciones.
