La disputa legal entre Texas y la Casa Blanca por el control de la frontera sur con México y el ingreso irregular de migrantes sigue en pie y esta vez ha sido Texas el que recibió un espaldarazo de la Corte Suprema, quien dio luz verde al estado para que implemente su polémica ley SB4, la norma antiinmigración más severa de todo el país. Pero, ¿qué repercusiones trae esta decisión?
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A finales de febrero, un juez federal en Austin, Texas, impidió que el gobierno estatal implementara el Proyecto de Ley Senatorial 4, más conocido como la ley SB4, que permitiría a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país. El juez David Alan Ezra afirmó que “si se permite que proceda, la SB4 podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de las leyes de inmigración”.
Sin embargo, semanas después, un tribunal federal de apelaciones concedió una suspensión temporal de la decisión que emitió el juez de Austin de bloquear la aplicación de la ley de inmigración del estado. Con ese fallo, la ley SB4 podía entrar en vigor después del 5 de marzo. Fue entonces cuando la Corte Suprema emitió una primera suspensión temporal de la ley, que convirtió en indefinida este 18 de marzo a la espera de que el pleno votara sobre esta solicitud.
En la votación de hoy martes 19 de marzo, los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en vigor mientras se da un fallo final en el caso.
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¿Qué cambia en Texas cuando entre en vigor la SB4?
Si bien la norma SB4 podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes, se desconoce cuándo Texas empezará a implementarla.
El mismo gobernador del estado, Greg Abbott, dijo en su cuenta de X que aunque la decisión del Supremo es un “avance positivo”, todavía tienen que esperar a las audiencias en el tribunal federal de apelaciones del quinto circuito.
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Una vez que entre en vigor, la ley SB4 permitirá que se penalicen los ingresos ilegales a Texas y que estos se convertirán en un delito estatal. Al ser un delito, esto le permite a los policías detener y deportar migrantes. Las autoridades pueden arrestar a una persona por su apariencia, simplemente por sospecha. La ley autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México.
Además, por medio de esta norma, el gobierno de Texas podrá invertir 1,500 millones de dólares para construir su propio muro fronterizo. Y permite que se asignen entre 20 a 30 millones de dólares de los impuestos que pagan los residentes de Texas por 1.6 kilómetros para construir el muro.
