A días de asumir como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump puede avanzar con un proyecto de ley y esto preocupa a algunas organizaciones sociales porque muchas personas podrían recibir penas injustamente. ¿Qué dice el texto de la reglamentación?
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) alertó a la población tras la publicación de un informe en donde expuso que una disposición que habría requerido que el mandatario sancionara a la Corte Penal Internacional (CPI) fracasó en el Senado, pero puede regresar si el republicano decide no imponer penas.
Según la asociación civil, cualquiera de los resultados “plantearía serias preocupaciones constitucionales e implicaría un duro golpe a la rendición de cuentas en materia de derechos humanos”, incluidas las investigaciones que EU apoyó recientemente.
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¿Qué es la Corte Penal Internacional y por qué es importante esta ley?
Según explicó ACLU, la CPI es un tribunal independiente establecido para ayudar a mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta entidad investiga y procesa crímenes, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, cuando los tribunales nacionales no quieren o no pueden hacerlo.
A finales del 2024, la corte emitió órdenes de arresto contra altos funcionarios de Israel y, en respuesta, algunos miembros del Congreso introdujeron la “Ley de Contraataque a Tribunales Ilegítimos”, un proyecto que ordena al presidente sancionar a cualquier “persona extranjera que ayude a la CPI a investigar, detener o procesar a ciudadanos o residentes legales de EU o ciertas naciones aliadas”. Además, según el texto de esta normativa, proporcionar apoyo tecnológico o asistencia indirecta a una investigación específica también sería sancionable.
Por tal motivo, si el proyecto se convierte en ley, la organización sostuvo que se podría prohibir a los ciudadanos y residentes estadounidenses participar significativamente en cualquiera de las investigaciones y trabajos de la CPI. Además, las personas en EU que trabajaron para buscar justicia podrían enfrentar duras penas simplemente por ejercer su derecho constitucional a dialogar con la corte.
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Esto podría pasar si Trump avanza con la disposición
A la espera de una respuesta por parte del presidente, la ACLU dijo estar “profundamente preocupada de que el impacto de las sanciones viole la Constitución y socave la independencia de la corte”.
En el 2020, durante el primer mandato de Trump, cuando impuso sanciones similares, la asociación presentó una demanda en nombre de expertos en derechos humanos que se vieron obligados a dejar de trabajar con la CPI. “El Senado hizo bien en detener el proyecto de ley. Nunca debería volver”, remarcaron.
