Desde el 1 de noviembre del 2024, todos los hospitales públicos de Texas comenzaron a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio, como respuesta a una nueva orden ejecutiva de su gobernador, Greg Abbott. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que esta medida podría provocar inconvenientes.
La disposición del mandatario del Estado de la Estrella Solitaria exige que los centros médicos que reciben dinero público pregunten a las personas si se encuentran legalmente en Estados Unidos, para luego informar estas cifras y establecer el costo del tratamiento. Pero un video viral de un cardiólogo que aconseja a extranjeros indocumentados no responder el cuestionario generó incertidumbre en muchos establecimientos del territorio.
¿Qué sucede si no respondes las preguntas de inmigración en Texas?
El profesor de derecho en la Universidad de Houston, Seth Chandler, fue categórico con respecto a lo que puede pasar a los inmigrantes si no contestan las preguntas sobre su estatus. “Según sus términos, no requiere que nadie responda. La orden tal como está escrita no requiere una respuesta de ninguna manera y eso deja la oportunidad a que las personas a quienes no les interesa decirlo simplemente se nieguen a responderla”, aseguró en diálogo con el medio ABC13.
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Sin embargo, explicó que, si bien establece específicamente que a nadie, independientemente de su estatus migratorio, se le puede negar tratamiento médico, la orden podría impedir que algunos lo soliciten en primer lugar.
¿Por qué los expertos están atentos a su aplicación?
Quienes están en contra de su implementación sugirieron que esta disposición tendría la intención de intimidar a los inmigrantes indocumentados para que no busquen ayuda.
En este sentido, la abogada del Consejo Legal de Inmigración de Texas, Krystal Gómez, dijo: “Lo mejor para todos es asegurarnos de que las personas busquen atención cuando están preocupadas porque termina costando más dinero cuando lo retrasan hasta que haya una emergencia real”.
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Asimismo, sostuvo que los pacientes “no saben qué sucede con esa información” y podrían estar en peligro. “Estamos a punto de tener una administración que puede o no buscar esos registros y no sabemos qué tipo de protección habrá sobre los datos de estas personas”, sentenció.
Por último, tanto Gómez como Chandler coincidieron en que, si en algún momento los datos resultan insuficientes, la orden podría obligar a un cambio en el lenguaje. “Si sale una (norma) más estricta, entonces podríamos comenzar a ver algunos desafíos legales”, advirtieron.
