Algunos estados como Texas y California comenzaron a ampliar sus autopistas en algunas zonas, como parte de un plan macro que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que causa el transporte en todo Estados Unidos. Sin embargo, esta medida es criticada por especialistas que consideran que no es una estrategia que haya funcionado en EU de manera tan contundente en los últimos años.
Estas iniciativas son aprobadas bajo la premisa de que, cuanto más anchas sean las carreteras, habrá menos estancamientos de vehículos, lo que a su vez evitará que los coches contaminen más el ambiente. En tanto, quienes abogan por la movilidad sostenible consideran que la solución realmente es eliminar carriles generales y abrir otros para el transporte público y las bicicletas.
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Uno de los estados que implementa la ampliación de los carriles en las autopistas es Texas. Un informe publicado en noviembre del 2023 señala que su estrategia para reducir la contaminación incluye la modificación de sus carreteras, además de mejorar el transporte público, instalar farolas de bajo consumo y construir estaciones de carga para vehículos eléctricos.
“El objetivo de la categoría de Gestión de la Demanda de Viajes de las estrategias de reducción de carbono planificadas es disminuir la congestión, invertir en mejoras en las intersecciones e implementar estrategias innovadoras de gestión de la demanda de tráfico, para mejorar la eficiencia operativa del sistema de transporte”, explica el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés).
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¿Por qué se desarrolla esta medida?
El TxDOT sostiene que la ampliación de las autopistas es una estrategia viable para reducir las emisiones de CO2, ya que la incorporación de carriles de giro en las vías de servicio reducirá el tiempo de inactividad de los vehículos. Así, también minimizará las demoras y, por ende, las emisiones derivadas del tráfico. Los departamentos de transporte estatales de Utah, Nueva York y otros estados también apoyan esta teoría.
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Estas decisiones permiten a los estados justificar millonarias inversiones. En el caso de Texas, su Programa de Reducción de Carbono financiará proyectos y estrategias por un estimado de 641 millones de dólares que se utilizarán durante un período de cinco años.
