La reciente declaración de desastre emitida por los líderes de El Paso generó un intenso debate sobre la gestión de la inmigración y los costos asociados en el estado de Texas. El juez del condado, Ricardo Samaniego, firmó el documento esta semana, a través del cual se solicitan hasta cinco millones de dólares en subvenciones al gobierno estatal.
La Operación Estrella Solitaria, lanzada en el 2021 por el gobernador Greg Abbott, intensificó los esfuerzos de seguridad en la frontera entre Texas y México. Esta iniciativa llevó a la detención de más de 516,300 migrantes y a más de 45,300 arrestos criminales.
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Pese a estos importantes resultados, la implementación de este programa supuso un gasto significativo para el condado de El Paso, que obligó a sus líderes a tomar medidas drásticas. Te detallamos más a fondo el conflicto y las exigencias al gobierno estatal.
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Consecuencias financieras de la seguridad fronteriza en El Paso
El aumento en los arrestos de migrantes sobrecargó las cárceles de El Paso, lo que causó un impacto económico considerable. Desde el inicio de la Operación Estrella Solitaria, alrededor de 2,000 personas fueron encarceladas en este condado. Según los reportes, los costos de alojamiento, alimentación y atención médica para estos reclusos generaron un déficit financiero de 11.7 millones de dólares en la localidad.
El condado dependió durante mucho tiempo de un contrato con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que pagaba 110 dólares al día por cada preso federal, con el fin de cubrir los costos operativos de las cárceles. Este acuerdo resultaba crucial para mantener las finanzas del condado en equilibrio.
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Sin embargo, el crecimiento del número de arrestos estatales como consecuencia de la Operación Estrella Solitaria redujo significativamente los ingresos, ya que el estado no reembolsa los costos adicionales de manera similar al contrato federal. Esto complicó significativamente al sistema financiero de El Paso.
Ryan Urrutia, subdirector adjunto de la oficina del sheriff del condado, explicó que este cambio obligó a priorizar la detención de reclusos estatales sobre los federales, que resultó en una pérdida de ingresos cruciales. Por esto, se exige una importante compensación económica de parte de los principales mandatarios de Texas.
