Una nueva propuesta está generando esperanza entre los indocumentados en Estados Unidos al ofrecer un mecanismo potencial para obtener un estatus legal en el país. La propuesta se centra en el uso del “parole in place”, un recurso que podría permitir a estos individuos acceder a permisos de trabajo y, en última instancia, abrirles un camino hacia la ciudadanía estadounidense.
El “parole in place” es un concepto que otorga a ciertos individuos que se encuentran dentro de los Estados Unidos sin estatus legal la capacidad de solicitar un permiso de permanencia temporal en el país. Este permiso les permitiría trabajar legalmente y, en algunos casos, podría abrir la puerta a otros beneficios, como la posibilidad de solicitar la residencia permanente.
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Joe Biden está evaluando que los indocumentados reciban el estatus legal en EU
La administración de Joe Biden está contemplando la posibilidad de otorgar estatus legal y permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país y están casados con ciudadanos estadounidenses. Según informa The Wall Street Journal, esta medida ha sido objeto de intensos debates dentro de la Casa Blanca desde el verano pasado y tiene como objetivo brindar apoyo a las familias de estatus mixto, donde generalmente uno de los padres y los hijos son ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con estimaciones de la organización de defensa de la reforma migratoria Fwd.us, alrededor de 1.1 millones de inmigrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses podrían beneficiarse de esta propuesta. Las razones por las cuales estos cónyuges no califican para tarjetas de residencia o Green Cards varían y a menudo están relacionadas con acciones como entrar al país ilegalmente en más de una ocasión o utilizar documentación legal falsificada.
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La Casa Blanca está evaluando la posibilidad de emplear una herramienta de inmigración conocida como “parole in place”, la cual ya existe en una forma más limitada para cónyuges indocumentados de veteranos militares. Esto haría que muchos de estos cónyuges sean elegibles de inmediato, no solo para permisos de trabajo, sino también potencialmente para un camino hacia la ciudadanía, al eliminar los obstáculos administrativos que actualmente les impiden recibir tarjetas de residencia.
Allyson Batista, quien ha estado abogando por esta causa desde el 2010 después de un intento fallido de patrocinar a su esposo para una tarjeta de residencia, expresó al Wall Street Journal: “Si hay algún tipo de programa, nos brinda una sensación de seguridad personal de que el ICE no aparecerá en nuestra puerta en cualquier momento”.
Los republicanos han expresado su oposición a estas medidas, argumentando que constituyen una violación de la ley de inmigración. El representante republicano por Ohio, Jim Jordan, quien preside el Comité Judicial de la Cámara, encargado de los asuntos de política de inmigración, criticó enérgicamente estas acciones administrativas. Afirmó: “La administración Biden continúa dando prioridad a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses”, y considera que esta decisión sería simplemente otra violación descarada de la ley.