Con la llegada de las elecciones en Estados Unidos, que tendrán lugar el 5 de noviembre, la inmigración se posiciona como un tema decisivo. Un estado podría implementar severas medidas contra los inmigrantes indocumentados si se llega a aprobar un proyecto de ley que ya escaló al Senado con la mayoría de votos a favor.
El Senado de Carolina del Norte aprobó la medida HB-10 el lunes 9 de septiembre, con 27 votos a favor y 17 en contra. Esta normativa exigiría a las autoridades del estado su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la identificación de los inmigrantes indocumentados que son detenidos en el territorio.
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Si este proyecto de ley se aprueba en todas las instancias, los alguaciles de 100 condados de Carolina del Norte deberán colaborar con el ICE. A la hora de una intervención, tendrán que detener a las personas indocumentadas o que no logren demostrar su estatus migratorio hasta que se abra un caso con el organismo.
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¿Qué implica la medida de inmigración en Carolina del Norte?
El proyecto de ley HB-10 contempla que cuando una persona se encuentre en confinamiento por cualquier período en una cárcel, los agentes a cargo de la instalación deberán iniciar una investigación para determinar si es residente legal en EU o no cuenta con la documentación requerida. Los delitos contemplados son:
- Un delito grave según G. S. 90-95 (tráfico de drogas)
- Un delito grave según los artículos 6 (homicidio), 7B (violación y ofensas relacionadas), 10, 10A (rapto o secuestro) o 13A (herida o daño malicioso) del Capítulo 14 de los Estatutos Generales
- Un delito menor o grave de Clase A1 según el artículo 8 del Capítulo 14 (agresiones)
- Cualquier violación de G. S. 50-B-4.1 (violación de orden de protección válida)
¿Cuándo entraría en vigor esta medida sobre inmigrantes indocumentados en Carolina del Norte?
Tras ser aprobado por el Senado, el proyecto de ley deberá pasar por la Cámara de Representantes y ser sometido a votación. Si se da el visto bueno, se trasladará al escritorio del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, para convertirse en ley.
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A pesar de que la medida protagonizó dos intentos que derivaron en fracaso, en esta ocasión el Partido Republicano cuenta con una mayoría en el Congreso y podría intervenir si el gobernador decide vetarla. De ser aprobada, entraría en vigor el 1 de diciembre del 2024.
