El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos mantiene en alerta a ciertos inmigrantes en el sur de Florida, quienes se encuentran a la espera de la aplicación de las severas medidas que el republicano anunció y buscará imponer de manera urgente. En tanto, ya inició redadas en todo el país y ordenó vuelos de deportación de extranjeros.
Actualmente, hay más de 30,000 extranjeros que esperaron en México la oportunidad de ingresar al territorio norteamericano bajo la aplicación CBP One, que el mandatario canceló en su primer día en el cargo. Ahora, los miles de migrantes que tenían cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para entrar legalmente al país están asustados por este impedimento y las nuevas políticas que se avecinan.
En este sentido, el abogado de inmigración del sur del Estado del Sol, Willie Allen, afirmó que alrededor de 31,000 personas permanecieron en el país vecino para conseguir su turno y le preocupa “qué pasará después si militarizan la frontera”.
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¡Oscuro panorama! La inminente crisis migratoria con las deportaciones masivas
Esto dijo Trump sobre sus nuevas políticas migratorias en EU
El lunes 20 de enero, cuando regresó oficialmente Trump a la Casa Blanca, dijo que ampliará las medidas de seguridad fronteriza, incluido el restablecimiento del programa “Permanecer en México” y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Asimismo, prometió enviar tropas a la frontera sur para combatir lo que llamó una “invasión desastrosa” por parte de algunos inmigrantes.
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La ayuda del gobernador de Florida para las deportaciones
Días previos a que Trump asuma el poder, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, compartió un comunicado donde aseguró que cooperará con la administración para expulsar ciertos inmigrantes.
El mandatario estatal se reunió en una sesión legislativa el 27 de enero para abordar propuestas concretas y otorgarle al Estado del Sol los recursos necesarios contra la inmigración ilegal. Entre las medidas, se destacaron la asignación de fondos para centros de detención, infraestructura de transporte y el fortalecimiento de la colaboración con las fuerzas del orden locales.