Aprobada en el 2023, la Ley SB 4 de Texas marca un cambio significativo en la política migratoria al otorgarle a la policía estatal la potestad para arrestar a inmigrantes indocumentados y expulsarlos directamente a México. Esta normativa, que actualmente se encuentra en disputa en los tribunales, podría ir más allá e impactar en todo EU.
Desde el estado de Texas argumentaron que, a raíz de lo que consideran una “invasión de inmigrantes” y como respuesta a la falta de acción del gobierno federal, tienen el “derecho constitucional” de tomar medidas extraordinarias para proteger sus fronteras. Esto dio como resultado la propuesta de esta estricta legislación.
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Este enfrentamiento entre el Estado de la Estrella Solitaria y la administración de Joe Biden podría desencadenar una serie de consecuencias que afecten a otros sitios del país. Si bien la ley todavía está en espera de resolución judicial, su implementación podría generar un precedente que reconfiguraría la forma en que EU maneja la inmigración.
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La militarización y el control de Texas en políticas migratorias
Uno de los aspectos más visibles de la ofensiva de Texas es la militarización de ciudades fronterizas como Eagle Pass. La ley permite el despliegue masivo de la Guardia Nacional, la instalación de barreras flotantes y alambre de púas a lo largo del Río Grande.
Esto no solo afecta a los migrantes, sino también a las comunidades locales. Recientes protestas, como la de Eagle Pass en el parque Shelby, evidencian el malestar de los residentes locales por la confiscación de espacios públicos para operaciones militares.
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Este control estatal sobre áreas que previamente eran gestionadas a nivel local limita las capacidades de las autoridades federales para intervenir y, al mismo tiempo, afecta la vida diaria de los residentes, quienes ahora ven sus espacios recreativos como zonas militares.
Posibles implicaciones de esta ley de Texas para los otros estados
Si la Ley SB 4 es ratificada por los tribunales, los efectos no se limitarán a Texas y los expertos advierten que podría allanar el camino para que otros estados adopten legislaciones similares. De hecho, Iowa y Oklahoma ya le dieron el visto bueno a leyes con conceptos similares.
Esta tendencia hacia una fragmentación de las políticas migratorias podría generar un caos legal y operativo, dado que los migrantes enfrentarían normativas estatales diferentes, en conflicto con las leyes federales.
