En un esfuerzo por proteger los derechos civiles de los estudiantes, legisladores de Illinois presentaron este lunes un proyecto de ley que podría transformar la forma en que las escuelas manejan el comportamiento en las aulas. Este tiene como objetivo poner fin a la práctica de multar a los alumnos por infracciones menores, como el vapeo o la desobediencia.
Si se aprueba la iniciativa, esto podría marcar un antes y un después en la forma en que los jóvenes interactúan con las autoridades dentro de las instituciones educativas del Estado de la Pradera. Conoce todos los detalles del proyecto.
El fin de las multas escolares en Illinois
El proyecto, respaldado por una amplia coalición de grupos de defensa, busca detener a las escuelas que envían a los estudiantes a la policía para que se les impongan multas por infracciones relacionadas con normas locales. Pese a que las leyes de Illinois prohíben que los funcionarios sancionen directamente a los alumnos, varias instituciones aplican esta práctica.
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Según una investigación realizada por ProPublica y Chicago Tribune en el 2022, los estudiantes afroamericanos son dos veces más propensos a ser multados que sus compañeros blancos, lo que revela una disparidad preocupante. El nuevo proyecto de ley dejaría claro que los policías aún pueden arrestar a los estudiantes por delitos graves o actos de violencia, pero prohíbe su intervención por comportamientos menores.
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Esta distinción busca evitar que las escuelas continúen con una práctica que muchos consideran perjudicial para los jóvenes, especialmente aquellos de comunidades marginadas. El representante La Shawn Ford, principal patrocinador de la ley, señaló que también se exigiría que los recintos educativos registren y divulguen las interacciones policiales.
Un paso hacia una educación más equitativa en Illinois
Este proyecto de ley se presenta como una respuesta directa a las acciones de la administración de Donald Trump en temas relacionados con los derechos civiles. Diversos grupos de defensa, como Stand for Children, argumentan que la recopilación de datos sobre la actividad policial es esencial para “blindar” a los estudiantes ante posibles cambios en las políticas federales.
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Además, buscan evitar que los jóvenes se vean atrapados en la llamada “pipeline to prison” (camino hacia la prisión), que se ve acelerado cuando los estudiantes enfrentan consecuencias legales por infracciones menores en lugar de soluciones educativas y disciplinarias apropiadas.
