El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes que comenzarán a regir a partir del 1 de julio, y algunas ya son cuestionadas por varios sectores del estado, debido a ciertas modificaciones que empleará su administración en el territorio. Entre ellas, se encuentra una normativa que afectará particularmente a los trabajadores que operan al aire libre. ¿De qué se trata?
El mandatario estatal dio el visto bueno para que se aplique el Proyecto de Ley de la Cámara 433 (conocido como HB 433), que prohíbe a los gobiernos locales (condados y ciudades) imponer requisitos adicionales de protección térmica para los empleados al aire libre. Esta decisión generó un debate interno, ya que el Estado del Sol se caracteriza por sus altas temperaturas y condiciones climáticas extremas durante el verano. De hecho, a partir de junio, las temperaturas alcanzaron los 35 °C (95 °F), mientras que la sensación térmica rondó los 38 °C (100 °F).
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¿Qué es y cómo ayuda la propuesta llamada Ley Olivia?
Uno de los principales temores es la seguridad de quienes trabajan en estas condiciones, ya que desde la Universidad de Florida revelaron que entre el 2010 y el 2020 se registraron 215 muertes relacionadas con el calor, con un promedio anual que varía entre 10 y 28 fallecimientos. Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que el promedio anual de estas muertes aumentó un 95% entre el 2010 y el 2022.
Sin embargo, la representante de la ciudad de Fort Myers, Tiffany Esposito, que fue quien patrocinó este proyecto, dijo en diálogo con el medio USA Today que su esposo lleva dos décadas trabajando en el sector de la construcción en el sur del estado y “la industria se toma en serio la seguridad” de los empleados. “Este es un proyecto de ley muy centrado en las personas. Si queremos hablar de floridanos que prosperan, lo hacen teniendo buenas oportunidades laborales”, sentenció.
¿Cuál es el objetivo de la ley?
Según explicaron los asambleístas, la principal finalidad de la HB 433 es evitar que los municipios mantengan un salario mínimo que no sea uno estatal o federal, o que impongan requisitos adicionales de protección térmica que no estén contemplados en las leyes nacionales. También prohíbe a las subdivisiones políticas dar preferencia en las licitaciones que se basan en las condiciones de exposición al calor de los empleadores.
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Esta norma, además, intenta regular las protecciones contra la exposición al sol, al ampararse en que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) desarrolló las mejores prácticas en este ámbito. En ese sentido, resalta que la prevención de enfermedades relacionadas con el calor “requiere educación y una estrecha colaboración entre empleadores y empleados”.
