Los habitantes de Florida deberán prestar atención a una nueva ley que aprobó recientemente la Cámara de Representantes, ya que cambiará todo para quienes anden en bote. Checa de qué se trata y qué dice el texto de la normativa.
Días atrás, los legisladores del Estado del Sol votaron unánimemente la disposición HB 289, conocida como “Ley de Lucy”, un proyecto que lleva el nombre de Lucy Fernández, una estudiante de 17 años del sur, quien murió en un accidente náutico. Esta reglamentación, que modifica el accionar de aquellas personas que operan embarcaciones, busca mejorar también la seguridad de los navegantes.
¿Qué fue lo que sucedió con Lucy Fernández?
La joven fue una de las 14 pasajeras de la embarcación que chocó contra un marcador de canal y volcó cerca del cayo Boca Chita el 4 de septiembre del 2022. En ese momento, cursaba el último año de la Academia Nuestra Señora de Lourdes en la ciudad de Miami.
Te puede interesar: Esta carretera de Florida es la mejor para una curiosa y llamativa actividad
Reforma Ley Federal de Armas de Fuego: ¿Una amenaza a la legítima defensa en México?
Después del accidente, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) concluyó que el conductor del barco, George Pino, circulaba de forma indebida. Sin embargo, el acusado se declaró inocente de los cargos de delito menor por navegación imprudente.
Por su parte, el padre de la víctima, Andy Fernández, sostuvo: “Lo irónico de todo esto es que perdió la vida haciendo lo que amaba, que era navegar. Por eso, creemos que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que sea un lugar más seguro para todos”.
Te puede interesar: La cantidad de dinero que debes ganar en Miami para vivir cómodamente en el 2025
Esto haría la “Ley de Lucy” en Florida
Esta normativa, según expresa el texto, endurecería las sanciones para quienes operen embarcaciones de forma imprudente o bajo la influencia del alcohol. En caso de lesiones corporales graves, el conductor se enfrentaría a un delito grave de segundo grado, en lugar de un delito grave de tercer grado. Mientras que, en caso de accidentes con resultado de muerte, se castigaría como un delito grave de primer grado.
A su vez, la ley también exigiría formación en seguridad náutica y una identificación para todos los operadores de embarcaciones, independientemente de su edad o experiencia en el agua. En la actualidad, solo se exige que quienes nacieron después del 1 de enero de 1988 completen un curso de seguridad náutica homologado.