Nueva York puede llegar a convertirse en el epicentro de una “guerra” contra 22 estados, debido a la aprobación de una nueva polémica ley que, dicen los fiscales de los territorios, afectaría fuertemente a sus industrias.
Esta “guerra” en contra del estado de Nueva York es encabezada por el fiscal general de Virginia Occidental, JB McCuskey, quien junto a una coalición de 22 fiscales generales presentó una demanda que impugna la Ley del Superfondo Climático, una norma estatal recientemente firmada que, dicen los agentes, ataca a los proveedores de energía de Estados Unidos.
Según los fiscales, la ley podría imponer 75,000 millones de dólares de responsabilidad a las principales empresas de combustibles fósiles al exigirles que paguen a un “superfondo climático” estatal en función de sus emisiones pasadas de gases de efecto invernadero.
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Los objetivos de la ley de Nueva York
Según explica la agencia Associated Press, la nueva ley exige que las empresas responsables de importantes emisiones de gases de efecto invernadero contribuyan a un fondo estatal para proyectos de infraestructura destinados a reparar o evitar daños futuros causados por el cambio climático.
Los legisladores estatales aprobaron el proyecto de ley a principios de este 2025, con el objetivo de obligar a las grandes compañías de petróleo y gas a contribuir al costo de las reparaciones después de eventos climáticos extremos y proyectos de resiliencia.
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Consecuencias de la ley en otros estados
Sin embargo, los fiscales dicen que la normativa “castiga” a un grupo de productores de energía por los gases de efecto invernadero globales emitidos desde todas las fuentes a la atmósfera entre el 2000 y el 2018.
McCuskey señaló que Nueva York dependía del carbón, el petróleo y el gas natural durante ese tiempo, lo que mantuvo encendidas las luces de los icónicos rascacielos de la ciudad de Nueva York y más allá.
La demanda señala que la ley será “devastadora para los productores tradicionales de energía”, incluidos los productores de carbón en Virginia Occidental, dejándolos sin otra opción que cesar sus operaciones, lo que resultará en pérdidas masivas de empleos.
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“Esta ley es inconstitucional y estoy orgulloso de liderar esta coalición de fiscales generales y valientes compañías privadas de energía y grupos industriales en nuestra lucha para protegernos contra esta extralimitación. Si permitimos que Nueva York se salga con la suya, solo será cuestión de tiempo antes de que otros estados sigan el ejemplo, destruyendo la red eléctrica de nuestra nación”, dijo McCuskey.
