- Los inmigrantes que viven en Florida, en alerta por la aplicación de una nueva ley migratoria.
- Los legisladores republicanos buscan endurecer algunas medidas contra ciertos extranjeros.
- Los funcionarios públicos podrían ser multados si no colaboran con las autoridades federales.
La realidad de muchos inmigrantes en Estados Unidos es cada vez más compleja desde que Donald Trump regresó al poder y ahora esta comunidad que reside en Florida está en contra de un proyecto de ley que podría cambiarlo todo. ¿Qué dice el texto de la nueva normativa?
En línea con las órdenes ejecutivas del presidente, los legisladores republicanos del Estado del Sol aprobaron una reglamentación que afectaría la vida de los extranjeros en el territorio, endureciendo algunas políticas migratorias. Esta disposición incluye desde la creación de un nuevo organismo para coordinar leyes ya establecidas hasta sanciones para quienes no colaboren con las autoridades federales.
¿Qué buscan los republicanos con esta ley en Florida?
Esta norma crearía la Junta Estatal de Cumplimiento de Inmigración, un espacio compuesto por el gobernador, Ron DeSantis, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el jefe de finanzas estatal, buscando centralizar y coordinar las actividades de control migratorio junto con la administración de Trump.
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Ahora, todas las decisiones deberán tomarse de forma unánime. Es decir, las autoridades deberán “consensuar” para llegar a un acuerdo y aplicar las medidas correspondientes, según explicó el presidente del Senado, Ben Albritton.
Además, la junta administrará un fondo de 250 millones de dólares en subvenciones destinadas a las agencias locales de seguridad pública que colaboren en operaciones de control migratorio. Este monto no solo ayudará con los operativos de los oficiales, sino que también financiarán bonos de 1,000 dólares para los policías capacitados en tareas de apoyo a las fuerzas federales de inmigración.
¿Cuáles son los cambios de esta ley que afectan a los inmigrantes?
En primer lugar, habrá cambios importantes en el “Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados”, creado en el 2023 bajo la División de Manejo de Emergencias de Florida. Esta iniciativa se ideó inicialmente para reubicar a inmigrantes sin la necesidad de coordinación directa con el gobierno federal.
Sin embargo, con esta nueva ley, el estado solo podrá realizar estos traslados si las autoridades federales de inmigración lo solicitan, asumen los costos del transporte y supervisan las operaciones.
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Por otra parte, los alguaciles y administradores de cárceles de los condados tendrán la obligación de colaborar con las agencias federales. De no cumplir con esta medida, habrá sanciones severas para todos los funcionarios públicos que se nieguen a aplicarla, con multas de hasta 5,000 dólares.
La normativa también endurece las penas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves. La legislación propone la detención obligatoria previa al juicio para quienes enfrenten cargos por delitos violentos, buscando eliminar cualquier posibilidad de libertad provisional para los acusados.
