En julio del 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó la ley SB1718, la cual criminaliza a los inmigrantes indocumentados que residen en el estado y obliga a todas las empresas a certificar el estatus migratorio de sus empleados. Sin embargo, esta medida que entró en vigencia hace aproximadamente un año comenzó a provocar severos conflictos dentro del distrito norteamericano.
Esta reglamentación castiga a las compañías que utilizan mano de obra sin documentación y prohíbe, a las personas que están en esa situación, tener una licencia de conducir, lo que ha causado que muchos comiencen a abandonar el estado. Por ejemplo, solo en el área de los trabajadores agrícolas, se estima que a nivel nacional son más del 40% los indocumentados.
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Desde la oficina de DeSantis, sostuvieron que el gobernador firmó esta normativa para "proteger a los floridanos" y aseguraron que "todavía se puede mantener una economía sólida", a pesar de las consecuencias que genera esta legislación.
¿Qué otros efectos tiene la ley contra la inmigración en Florida?
Según publicó el Instituto de Política de Florida, se estima que esta ley podría costarle a la economía del estado 12.6 mil millones de dólares en su primer año, que se cumplirá este julio, sin contar la pérdida de ingresos fiscales. Sin embargo, un portavoz del gobernador dijo al medio NPR que "las empresas todavía son libres de contratar inmigrantes, siempre que sea legal".
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Pero no solo el rubro agrícola tiene problemas con esta reglamentación. Hoteleros, propietarios de empresas de construcción y dueños de restaurantes expresaron que la escasez de mano de obra en Florida, combinada con políticas nacionales de inmigración artríticas, está perjudicando al mercado local.
En ese sentido, el economista Ron Hetrick señaló que el distrito "enfrenta un símbolo de la realidad más amplia del país", dado que actualmente tiene "una población que envejece y políticos que enmarcan la inmigración como una amenaza, en lugar de arreglar un sistema roto".
