La promesa de Donald Trump de deportar a “millones y millones de inmigrantes” enfrenta un obstáculo fundamental: la capacidad limitada de detención. Con un presupuesto actual que permite albergar a solo 41,000 personas, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no cuenta con la infraestructura necesaria para sostener los planes de deportación masiva.
Este desafío logístico y financiero pone en duda la viabilidad de las ambiciosas políticas migratorias del mandatario, uno de sus principales puntos a lo largo de su campaña para regresar a la presidencia. Descubre a fondo sobre este problema que se le presentó al gobierno estadounidense y qué medidas podría tomar al respecto.
El sistema del ICE no soportaría el proyecto de Trump
Actualmente, el ICE utiliza centros de procesamiento, instalaciones privadas y cárceles locales para detener a inmigrantes. Sin embargo, no posee la infraestructura adecuada para familias, las cuales representan un tercio de los extranjeros en la frontera sur.
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Para expandir su capacidad, el Congreso de EU necesitaría aprobar un presupuesto descomunal. Según un memo reciente del Departamento de Seguridad Nacional, el Laken Riley Act, una pieza clave en la estrategia de Trump, requeriría casi 27 mil millones de dólares para sumar 110,000 camas adicionales.
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Además, el nuevo presidente eliminó prácticas como el “catch and release”, que permitía a algunos migrantes esperar sus procesos fuera de la detención. Esta política, junto con la movilización de tropas al sur del país, intensificó la presión sobre un sistema ya saturado.
¿Qué hará Trump con las deportaciones masivas teniendo en cuenta las limitaciones del ICE?
Los expertos advierten que expandir la capacidad de detención requeriría construir nuevas instalaciones, lo que llevaría tiempo y mayores recursos. Por ello, el gobierno debería explorar otras alternativas si quiere llevar a cabo su cometido cuanto antes, tal y como expusieron en campaña.
Trump ya recurrió al ejército para respaldar sus planes migratorios, mediante la declaración de una emergencia nacional en la frontera. El Pentágono podría proporcionar transporte aéreo y espacios temporales para la detención, lo que provocó fuertes críticas de grupos defensores de los derechos civiles.
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Por otro lado, inversionistas privados apuestan por un auge en la construcción de centros de detención, con empresas como GEO Group y CoreCivic, líderes en el mercado. Sin embargo, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) cuestionaron la legalidad y humanidad de estas expansiones.
