Texas sigue adelante con sus políticas para intentar combatir la migración irregular que ingresa por la frontera sur con México. El gobernador del estado, Greg Abbott, ha ordenado que los hospitales informen sobre el estatus migratorio de los pacientes, con el objetivo de determinar cuánto gasta la sanidad estatal en atender a los extranjeros indocumentados.
“Debido a las políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, Texas ha tenido que pagar los costos médicos de las personas que se encuentran ilegalmente en el estado”, dijo el gobernador Abbott en un reciente comunicado.
“Los texanos no deberían tener que soportar la carga de apoyar económicamente la atención médica de los inmigrantes ilegales. Es por eso que emití una orden ejecutiva que exige que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas recopile e informe de los costos de atención médica de los inmigrantes ilegales en nuestro estado”, agregó.
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El objetivo, recalcó el gobernador de Texas, es que la Administración Biden-Harris “rinda cuentas por las consecuencias de sus políticas de frontera abierta” y pague lo que gasta el gobierno estatal para brindar salud a los migrantes.
¿Cuándo iniciará esta medida en Texas?
Greg Abbott ordenó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) que los hospitales y otros proveedores identificados recopilen información sobre el costo de la atención médica brindada a inmigrantes ilegales a partir del 1 de noviembre de 2024.
Además, instruyó a los hospitales cubiertos a que informen dichos datos a la HHSC de forma trimestral y las presentaciones iniciales deben realizarse antes del 1 de marzo del 2025. También recalcó que los hospitales deben informar al paciente que la ley federal establece que cualquier respuesta a dichas preguntas no afectará a su atención.
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Críticas a la medida de Texas
La orden ejecutiva que firmó Abbott señala que una de las razones para poner en vigencia esta medida es que Texas absorbe “un gran porcentaje de costos asociados con el cuidado médico de las personas que no están legalmente en Estados Unidos”, que se pagarían “en forma de altos impuestos”.
Esta normativa ha recibido críticas no solo de políticos de oposición, sino también de las organizaciones sociales. Sylvia García, una representante demócrata cuyo distrito incluye parte de Houston, dijo a CBS que la orden corría el riesgo de convertir a los médicos en agentes de control de inmigración.
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Mientras que Gabriel Rosales, director estatal de Texas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, dijo que la orden conduciría a una “evaluación racial”.
