En un esfuerzo por combatir el crimen en áreas con alta incidencia delictiva, las autoridades de California y funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) lanzaron un nuevo programa para instalar 100 cámaras de lectura de matrículas (ALPR) en el Valle de San Fernando. Estas permitirán a las autoridades rastrear vehículos asociados con actividades delictivas en tiempo real.
Se prevé que las cámaras estén en funcionamiento para finales de año en zonas como Porter Ranch, Chatsworth, Northridge y Granada Hills. Esto se debe a que dichas áreas vieron un aumento significativo de robos en el último tiempo.
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El concejal del Distrito 12, Jon Lee, destacó la urgencia de esta medida al remarcar que en el norte de la calle Rinaldi se registró un incremento del 103% en los robos de viviendas el año pasado. “Estas cámaras ayudarán a reducir la delincuencia, sobre todo en un momento en que el LAPD enfrenta una escasez de personal”, señaló.
¡Dos vehículos chocaron provocando la volcadura de uno de ellos!
El funcionamiento de las cámaras ALPR en California
Las cámaras ALPR tienen la capacidad de escanear matrículas de vehículos y capturar datos en tiempo real. Según Dominic Choi, jefe interino del LAPD, la información recolectada se envía a un sistema computarizado, accesible solo para un grupo selecto de investigadores, con el objetivo de identificar autos involucrados en delitos.
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Este sistema permitirá a los agentes de policía recibir alertas sobre vehículos relacionados con crímenes, automóviles robados y personas desaparecidas. El LAPD ya cuenta con más de 1,500 vehículos equipados con esta tecnología, y las nuevas cámaras complementarán estos esfuerzos en áreas críticas.
Controversia sobre la privacidad de los conductores de California
A pesar de los beneficios aparentes de los ALPR, las cámaras generaron preocupación en los conductores. Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Electronic Frontier Foundation expresaron inquietudes sobre el almacenamiento y uso de los datos capturados por estos dispositivos.
Un informe del condado de Sacramento reveló que se compartieron datos de matrículas con agencias fuera del estado, lo que puso en duda el manejo adecuado de esta información. En respuesta, el Fiscal General de California, Rob Bonta, emitió directrices claras para que las agencias de seguridad gestionen esta información de manera responsable, aunque eso no acabó con la polémica.
