Después de múltiples críticas por las declaraciones del gobernador de California, Gavin Newsom, sobre las consecuencias de la ley que aumentó el salario mínimo a los trabajadores de comida rápida en el estado, un nuevo estudio reveló el verdadero efecto. ¿Tenía razón el mandatario?
El informe realizado por el Instituto de Investigación sobre Trabajo y Empleo de la Universidad de California en Berkeley dio a conocer por primera vez, luego de su implementación en julio, cuál es la repercusión del incremento salarial a los empleados de este rubro gastronómico, ya que muchas empresas se han quejado por la situación financiera que atraviesan en la actualidad a raíz de esta disposición.
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¿Cuáles fueron los efectos del aumento salarial, según el estudio de California?
El documento señaló que, desde que la normativa entró en vigor en el Estado Dorado, “no afectó negativamente al empleo”. De hecho, sostuvieron que, CON una remuneración mínima de 20 dólares por hora para quienes trabajan en restaurantes de fast food, brindaron mayores protecciones y también creció la capacidad de negociar.
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“Encontramos que el estándar salarial sectorial aumentó el salario promedio de los trabajadores no gerenciales de comida rápida en casi un 18%, un incremento notablemente grande en comparación con las políticas de salario mínimo anteriores”, dijo el estudio.
En esa línea, el informe destacó que el estado tenía alrededor de 750,000 puestos de trabajo en comida rápida cuando la ley comenzó a aplicarse. Sin embargo, la Alianza Empresarial e Industrial de California dijo el medio USA Today que “se perdieron 5,416 empleos en el rubro de enero a agosto”.
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¿Qué pasó con los precios en los productos?
Por otra parte, el instituto encontró que, después de la normativa, los precios experimentaron un aumento único del 3.7% en el estado, es decir, alrededor de 15 centavos por un artículo de 4 dólares.
“Los consumidores absorbieron alrededor del 62% de los aumentos de costes provocados por la ley”, detallaron en el informe, donde además coincidieron con el gobernador en que algunas empresas estaban utilizando como “chivo expiatorio” a la disposición por su mala administración financiera.
