La inmigración ilegal en Estados Unidos continúa siendo un tema central y muchas jurisdicciones intentan luchar contra estos ingresos. Ahora, los asambleístas de Luisiana aprobaron un proyecto de ley muy parecido a la SB4 de Texas, que tratará de convertir en delito el acceso irregular al territorio y permitirá a la policía local detener y encarcelar a personas sospechosas de estar indocumentadas.
Debido a que ya tuvo votos a favor en la Cámara de Representantes del estado, la reglamentación será presentada en el Senado, donde las autoridades aseguran que podría ser aceptada rápidamente, ya que hay mayoría republicana. Una vez que esto suceda, pasará por el escritorio del gobernador, Jeff Landry, quien se ha manifestado a favor de esta medida en varias oportunidades, criticando a las políticas migratorias de la administración de Joe Biden.
Sin embargo, la normativa entraría en vigencia si el Tribunal Supremo le da el visto bueno a la ley del Estado de la Estrella Solitaria, liderado por Greg Abbott, para aplicarla, o si se enmienda la constitución para permitir mayor control local de cuestiones migratorias.
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¿Qué implicaría esta ley antimigrante en Luisiana?
Esta norma busca que la autoridad estatal y el poder de las fuerzas del orden locales tengan aún más poder y crearía el concepto de “crimen de entrada o reingreso ilegal”, con una pena de hasta un año de prisión y una multa de 4,000 dólares por una primera infracción; y hasta dos años y 10,000 dólares de multa por una segunda, aunque el territorio no cuente con una frontera internacional.
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A su vez, los legisladores planean aprobar otros proyectos que buscan prohibir las llamadas “ciudades santuario” en el estado, como ya lo son a nivel nacional Chicago y Nueva York, entre otras, e impedir que los indocumentados puedan acceder a licencias de conducir. Por su parte, la senadora impulsora de esta reglamentación, Valarie Hodges, dijo a la prensa que también “permitiría comenzar el proceso de deportación”.
En Luisiana, el gobierno ha registrado que al menos 322,000 personas son latinas, lo que representa el 7% de la población. Desde la Casa Blanca, sostienen que esta norma es “inconstitucional, inefectiva y simplemente alimenta una retórica violenta y falsa sobre los migrantes”.
