El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) habilitó un programa para que ciertos extranjeros accedan a la Green Card. Sin embargo, actualmente 16 estados presentaron una demanda contra el Parole in Place (PIP) para inmigrantes indocumentados y podría peligrar su continuidad.
Según trascendió, algunos territorios liderados por mandatarios republicanos alegaron que esta iniciativa, destinada a los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses, es “inconstitucional”. En la demanda, que fue presentada en una corte federal en Texas, acusaron al gobierno de Joe Biden de “pasar por alto al Congreso”.
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¿Qué estados están en contra del Parole in Place?
Entre los estados que están en desacuerdo con la medida que beneficia a inmigrantes indocumentados desde el 19 de agosto se encuentran Texas, Florida, Georgia y Ohio. Estos territorios bajo el ala republicana afirman en el escrito judicial de la nueva política “incentiva a la migración ilegal y causa un daño irreparable” en el país.
Ken Paxton, fiscal general del Estado de la Estrella Solitaria, expresó en un comunicado que este programa “permite que inmigrantes accedan ilegalmente a beneficios migratorios”. Además, sentenció que buscarán frenar esta “amnistía encubierta” para los extranjeros sin documentación, ya que sostienen que la iniciativa “está motivada por intereses políticos” debido a las próximas elecciones presidenciales.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho declaraciones sobre lo que podría pasar con el PIP respecto a esta demanda, pero funcionarios niegan que se pueda dar marcha atrás.
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¿Cómo es el programa Parole in Place?
Desde el 19 de agosto, el USCIS dio comienzo a este programa, a través del cual se espera que más de medio millón de extranjeros y cerca de 50,000 menores de 21 años reciban la Green Card.
Los inmigrantes que no cuenten con la documentación legal en EU podrán solicitar la tarjeta verde si cumplen con los siguientes requisitos:
- Viven en Estados Unidos desde hace al menos 10 años.
- No representan una amenaza para la seguridad pública o para la seguridad nacional.
- Están casados con un ciudadano o ciudadana estadounidense y la unión matrimonial se produjo antes del 17 de junio del 2024.
