Disney espera que una decisión reciente sobre la demanda de un fiscal de Florida, Estados Unidos, contra Ron DeSantis ayude en su demanda de libertad de expresión contra el gobernador del estado que interpuso después de que el político se hiciera cargo del distrito gobernante de Walt Disney World, en represalia por la oposición de la compañía a una ley estatal.
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Según explica CBS News, una decisión de la semana pasada de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EU que revivió una impugnación de la Primera Enmienda presentada por el exfiscal Andrew Warren, quien fue suspendido por DeSantis, debería respaldar los argumentos de Disney contra el gobernador, dijo la compañía el 11 de enero en una presentación judicial. “Aquí están en juego los mismos valores”, afirmó Disney.
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La demanda de Disney contra DeSantis
El gigante del entretenimiento afirma que sus derechos de libertad de expresión fueron violados en represalia por la oposición de la compañía tuvo en 2022 a la nueva ley estatal llamada ‘Don’t Say Gay', que prohíbe las lecciones en el aula sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros grados. La ley fue defendida por DeSantis, quien busca la nominación republicana para postularse a la Presidencia de Estados Unidos.
En el caso de Andrew Warren, el exfiscal alega que la suspensión por parte del gobernador se centró en declaraciones que firmó junto con otros fiscales oponiéndose a cierta legislación para criminalizar el aborto y la atención médica de afirmación de género. En su decisión de la semana pasada, el panel de la corte de apelaciones envió el caso del exfiscal nuevamente a un juez de primera instancia en Tallahassee para determinar si la suspensión de DeSantis se centró indebidamente en esas declaraciones.
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En respuesta a la presentación judicial de Disney, los designados por DeSantis sostienen que el caso de libertad de expresión del fiscal de Tampa es diferente a la demanda de la compañía. Según afirmaron los designados en un expediente judicial, se refería a acciones tomadas por el gobernador, mientras que la demanda de Disney involucra legislación aprobada por la Legislatura.
