La participación de mujeres en la política es un derecho constitucional.

Cada vez son más mujeres las que tiene participación en el ámbito político de su país. En México es un derecho aunque aún hay muchos estereotipos al respecto.

Por: Carolina Loaiza | TV Azteca Digital
Lo Que Callamos Las Mujeres
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La participación de las mujeres en la esfera política, es decir, la posibilidad de involucrarse en los asuntos públicos de su comunidad y país, es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pese a este reconocimiento, diversos aspectos estructurales, entre ellos los culturales, sociales, económicos y religiosos, siguen impidiendo el pleno ejercicio de las mujeres mexicanas en los asuntos políticos de nuestro país.

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En México como en muchas otras partes del mundo, las mujeres no siempre han gozado de los mismos derechos que los hombres. Con el paso del tiempo y en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos derechos se han ido conquistando gracias a la lucha de mujeres alrededor del mundo, activistas y colectivos feministas que consideran los derechos políticos como indispensables en el camino a la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer en el pleno cumplimiento de estos derechos para las mujeres en México y el mundo.

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¿Cómo funciona?


La participación de las mujeres en la vida política de México no se logró de manera espontánea con los derechos civiles y políticos señalados en la Constitución de 1917. Fue hasta el año 1953 que se elevó a rango constitucional el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, siendo las elecciones federales del año 1955 las primeras en que las mujeres mexicanas acudieron a las urnas a emitir su voto.

Otras formas en que las mujeres ejercen sus derechos políticos es a través del derecho a ser electas (votada); el derecho a participar en la formulación de políticas públicas gubernamentales y en la ejecución de estas, ocupando cargos públicos y ejerciendo funciones públicas; el derecho de petición pública que consiste en la posibilidad de dirigir peticiones por escrito a instituciones públicas o autoridades y, la obligación que tienen estas de dar respuesta a las mismas.

¿Cuáles son sus causas?


Si hablamos de la participación política de las mujeres y de las dificultades para poder ejercer sus derechos políticos, es necesario hablar del patriarcado como el principal factor generador de violencia política, siendo este el primer sistema de dominación y subordinación de la historia y que aún hoy, sigue siendo el sistema más poderoso y duradero de desigualdad y que menos se percibe como tal, pues se encuentra velado bajo una estructura cultural, política y social que lo soporta.

El patriarcado, reforzado por mitos y creencias, perpetúa las desigualdades patrimoniales, económicas, jurídicas, sociales, culturales y políticas al establecer roles de género en los cuales “los temas políticos (lo público) son inherentes al hombre y los asuntos privados, de la familia y los hijos, son propios de la mujer”. Esto apenas ha cambiado, en la medida en que la mujer ha adquirido autonomía económica, al trabajar y obtener recursos propios, incrementando su participación en la vida pública de sus comunidades. Con ello, la mujer logró su derecho a votar y ser votada en elecciones políticas y con ello incidir en las decisiones de política pública de su comunidad y ser parte de la estructura política y burocrática de gobierno. No obstante los logros alcanzados, aun existen algunos rezagos en materia de derechos políticos de la mujer, ya que las desigualdades entre hombres y mujeres limitan las posibilidades de ascenso político de muchas mujeres.

¿Cómo se previene?


Con objeto de garantizar la participación política de las mujeres, es indispensable ceñirse a los protocolos y medidas de atención integral diseñados para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres tanto en organizaciones sociales y políticas.

En México, existe un Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y en cada entidad federativa existen protocolos para la atención de la violencia política.

Asimismo, existen también protocolos para la atención de la violencia política desarrollados por los partidos políticos, en los cuales, y con una actuación oportuna mediante guías de atención, es posible prevenir y erradicar este tipo de violencia.

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