Un hecho controversial ocurrió en la comunidad de Polhó, municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas, donde un niño de tan solo cuatro años de edad fue ingresado a la cárcel junto con sus padres. La familia fue privada de su libertad por la autoridad ejidal, bajo la acusación de haber derribado un árbol en un terreno que vendieron el año pasado.
¿Qué pasó en Chenalhó, Chiapas, con el niño encarcelado?
Según informes de defensores de derechos humanos, los padres del menor fueron denunciados por el actual dueño del terreno, quien los acusó de haber talado un árbol dentro de la propiedad. Como respuesta, la autoridad ejidal determinó encarcelar a toda la familia, incluido el niño, sin considerar su edad ni su bienestar.
La detención tuvo lugar la noche del miércoles 26 de marzo en esta comunidad de la región Altos de Chiapas. Diversas organizaciones no gubernamentales, así como representantes de la comunidad zapatista de Polhó, han condenado la acción y han descalificado la decisión tomada por las autoridades locales, quienes se rigen bajo sus usos y costumbres.
I N V E R O S I M I L !!!
— Marcela Ontiveros (@MarcelaOntiver) March 27, 2025
Un niño encarcelado junto con su familia en el paraje #Polhó de #Chenalhó #Chiapas bajo los usos y costumbres.
¿En dónde está la garantía de los derechos humanos de la niñez? pic.twitter.com/GHau0OPw41
Condena y liberación de la familia encarcelada en Polhó
Durante su encarcelamiento, la familia tuvo que soportar condiciones complicadas, pues permanecieron sentados en el suelo de la celda, sin acceso a cobijas ni alimentos, pese a las bajas temperaturas de la región.
El caso generó indignación en redes sociales cuando se difundió un video en el que se observa al niño asustado dentro de la cárcel. La presión social y mediática derivó en la liberación de la familia luego de varias horas de encierro.
Falta de intervención de autoridades municipales y estatales
A pesar de la gravedad del hecho, ninguna autoridad municipal ni estatal intervino en la situación. Este incidente ha generado críticas hacia las instancias gubernamentales por su inacción ante una evidente violación de derechos humanos, y ha vuelto a abrir la controversia sobre estas acciones.
Organizaciones civiles han exigido una investigación a fondo y sanciones contra quienes ordenaron la detención arbitraria de la familia, así como garantías para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en la región.
Este caso reaviva el debate sobre el abuso de poder en comunidades gobernadas por usos y costumbres, y la falta de mecanismos efectivos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial de los menores de edad.
