En Venezuela, tras 10 años de la dictadura de Nicolás Maduro, las fuerzas armadas de dicha nación han cometido más de 10 mil asesinatos, de los cuales, la mayoría no son investigados, aseguró la Organización No Gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
El Informe Provea 2023 “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela” , revelado ayer 30 de abril de 2024, explica que existe una sistemática vulneración de los derechos humanos en la nación sudamericana, por lo cual ha caído en una “Década oscura” de empobrecimiento y represión.
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¿Cuántos asesinatos se han cometido en el régimen de Nicolás Maduro?
Entre los años 2013 a 2023, Provea ha registrado al menos 10 mil 85 personas asesinadas por agentes de seguridad de Venezuela. Además, la organización señala que el régimen del sucesor de Hugo Chávez ha violado los derechos de los venezolanos con “ejecuciones extrajudiciales, torturas, y detenciones arbitrarias”.
La misma ONG señala que en el mismo lapso han reportado 43 mil 003 víctimas de violaciones a la integridad personal, entre ellas mil 562 víctimas de tortura y 7 mil personas que sufrieron maltratos o penas crueles o degradantes.
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“El Estado no sólo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo la consecuencia de esta crisis económica y social”, aseguró Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea.
El Ejército Bolivariana encabeza la lista de violaciones a la integridad personal al tener 636 víctimas de abusos, lo que representa el 23.9% del total registrado. Le sigue el Cuerpo de Custodios y el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia en el Servicio Penitenciario, con 583 víctimas, es decir, 21.9% del total.
La ONG Provea reporta la muerte de 28 personas bajo custodia, cuyas condiciones de detención carecían de los mínimos estándares de salubridad, alimentación y acceso a servicios de salud.
La crisis en derechos humanos en Venezuela ha provocado que desde mediados de 2015 diversos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas estudian el impacto de estas acciones y su impacto “en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos”, afirmó la ONG.
