Este miércoles 15 de marzo, el pleno del Senado de la República Mexicana aprobó abolir la Ley sobre Delitos de Imprenta.
“Las comisiones dictaminadoras coincidimos en el sentido que la Ley de Delitos de Imprenta ya no tiene cabida en nuestro orden jurídico, por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertades fundamentales para el estado de derecho, como la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de imprenta”, mencionó Olga Sánchez Cordero.
Por su parte, Ricardo Monreal, se lanzó contra los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por intentar elevar sanciones por “injuriar al Presidente”. Asimismo, calificó que son absurdas y contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución Mexicana.
Por unanimidad el Pleno del @senadomexicano aprobó abrogar la ley sobre delitos de #imprenta.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 15, 2023
Indicaron que una #legislación de esa naturaleza no tiene cabida en el país. pic.twitter.com/faenYLYGx1
AMLO en contra de la Ley sobre Delitos de Imprenta
Desde el pasado 15 de febrero, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que aplicaría el veto a las reformas a la Ley sobre Delitos de Imprenta, en la que se aumentan las multas por insultar o injurias al Presidente.
López Obrador afirmó que esta iniciativa, que buscaba modificar al menos seis artículos de la ley, iba en contra de la libertad de expresión, por lo que en caso de que se apruebe, aplicaría el veto.
¿En qué consiste la Ley sobre Delitos de Imprenta?
La Ley sobre Delitos de Imprenta ponía en la mesa que aquellos quienes insultaran al presidente tendría multas de hasta 4 mil 149 pesos. También contemplaba que se apliquen multas a quien insulte o exprese injurias al magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de la Nación o de circuito de cualquier estado.
También indicaba que no se podrían emitir insultos para las naciones amigas, así como a secretarios del despacho, al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) o directores de departamentos federales, gobernadores e incluso a quien ocupe la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).
Cabe recordar que la Ley sobre Delitos de Imprenta fue publicada el 12 de abril de 1917, es decir, antes de la Constitución de 1917.
