El decreto que hoy prohíbe la circulación y venta de cigarros electrónicos, también conocidos como “vapeadores” o “vapes”, en territorio nacional es una medida innecesaria e inconstitucional, así lo concluyó este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ).
A propuesta del ministro Javier Laynez, la Segunda Sala amparó, por mayoría de tres votos contra dos, a un restaurante del estado de Morelos para que pueda vender este tipo de dispositivos a sus clientes.
Para la mayoría de los ministros, la prohibición absoluta, si bien tiene fines válidos de protección a la salud, no es una medida necesaria, pues la venta de cigarros electrónicos se puede regular de la misma forma que se hace con el tabaco.
Cigarros electrónicos si son dañinos para la salud, pero no es necesario prohibirlos
Laynez Potisek explicó que aun cuando la evidencia científica de que los productos de tabaco generan preocupaciones similares al Estado en términos de las afectaciones a la salud de consumidores, terceros y el medio ambiente, éstos no están sujetos a un régimen de prohibiciones absolutas, como aquel impuesto a los cigarros electrónicos.
“Esta cuestión no sólo evidencia que las autoridades sí tienen alternativas para cumplir con los fines establecidos sin limitar de manera absoluta la libertad de comercio de quienes se dedican a la venta y distribución de esos productos, sino que además evidencia una incoherencia regulatoria”, señala el proyecto.
Amparo contra la prohibición de cigarros electrónicos sienta un precedente para otros restaurantes
Incluso se expone que “una de las razones por las que busca la prohibición de los cigarros electrónicos y similares, es evitar fumadores de tabaco. Por ello, resulta incongruente que las autoridades les den un tratamiento más gravoso a los cigarros electrónicos que a la sustancia que ultimadamente buscan evitar, el tabaco”.
El amparo concedido por la Corte sólo beneficiará a “La Cabrería Grill Pizza”, un restaurante de Cuernavaca pues no se alcanzaron los cuatro votos para generar un precedente obligatorio para todos los tribunales y juzgados que llevan litigios similares.
