La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya la necesidad que México tiene de construir un robusto sistema de salud que permita hacer frente a la desigualdad en el acceso al sistema de salud; al desabasto en medicinas; a la falta de tratamientos adecuados y de médicos altamente calificados en las distintas especialidades, en todo el territorio nacional; y así también a que el Estado asuma su responsabilidad, como garante de la salud, sin dejar de lado la importancia de la seguridad social para todas y todos desde la perspectiva de los derechos humanos.
Recientemente, la CNDH sostuvo un encuentro con la Red de Acceso a la Salud, conformada por organizaciones de la sociedad civil, pacientes de enfermedades con mayor incidencia y mortalidad –entre ellas quienes viven con VIH, con discapacidad, y en especial niñas, niños y adolescentes—, y aliados en temas de salud, donde coincidió con la Agenda Ciudadana por la Salud de los Mexicanos 2018-2024. Salud, Nuestro Derecho.
Para la CNDH, el primer paso en la protección del derecho a la salud se manifiesta en su reconocimiento normativo; sin embargo, resulta insuficiente cuando esas disposiciones son incumplidas y no se materializan, ni se reflejan en la vida cotidiana de las personas. Por lo cual, destaca la obligación de los poderes legislativos federal y locales de generar leyes convencionales claras, así como asignar presupuestos suficientes para el ejercicio pleno de este derecho, y la responsabilidad de los ejecutivos federal y estatales respecto a la puntual ejecución y cumplimiento de las normas.
En esta reunión se hizo un puntual reclamo por el recorte presupuestal de alrededor de 10,000 millones de pesos el año pasado, por lo cual se destacó la importancia de conformar un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, como lo propuso la CNDH en su Estudio sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos, realizado conjuntamente con la UNAM.
En el documento se subraya que la materia presupuestal no puede ni debe permanecer ajena a la perspectiva de derechos humanos, pues el Estado debe tener la solvencia y capacidad necesarias para lograr que los derechos sean vigentes. Asimismo, quedó asentado que el compromiso real del Estado, con la protección y defensa de la dignidad humana, únicamente será efectivo en la medida que los derechos se materialicen y los postulados normativos sean tangibles y evidentes para las personas.
De igual manera, se abordó el efecto negativo que la corrupción provoca en los derechos sociales, entre ellos la protección a la salud y calidad de vida, y se hizo especial énfasis en el Estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México”, elaborado también conjuntamente con la UNAM, donde se muestra la trascendencia de combatir la corrupción para asegurar la eficacia de las medidas del Estado Mexicano para cumplimir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Este documento representa una primera exploración hacia la identificación del vínculo teórico y empírico entre dicha problemática y la dignidad humana, y en él se refieren la reforma constitucional de 2011 en derechos humanos y la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2017, como elementos para fortalecer la acción estatal en materia de prevención y lucha contra la corrupción, y el impulso a la transparencia y la rendición de cuentas.
Por ello, esta Comisión Nacional construirá conjuntamente con los miembros de la Red de Acceso a la Salud una agenda y un programa de colaboración y trabajo, que se sustente en la conceptualización y perspectiva del derecho humano en materia de salud y calidad de vida, poniendo énfasis en la violencia obstétrica y la salud materna y perinatal para evitar prácticas que atenten contra los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, temas en los que ha puesto énfasis especial la CNDH.
En este punto se abordaron también los problemas que significan la obesidad y la arteriosclerosis en el país. En cuanto al primero, se apuntó que debe abordarse como problema de salud pública para cuya prevención deben impulsarse practicar algún ejercicio y mejorar los hábitos alimenticios, así como prescindir o reducir las bebidas azucaradas y la comida chatarra, especialmente entre la niñez y adolescencia.
Respecto de los riesgos de sufrir problemas circulatorios, se puso de manifiesto la detección en los años recientes de ese tipo de enfermedades como consecuencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol elevado y diabetes, para cuya atención y prevención se reiteró la importancia de fomentar una cultura alimenticia desde la infancia y la práctica de ejercicio.
El derecho a la salud debe incluir también a la población de los centros penitenciarios, especialmente en los casos de hepatitis.
