En febrero de 2020, la pandemia del coronavirus cambió el mundo, transformando patrones de consumo y creando nuevas necesidades. En medio de la crisis, un grupo de emprendedores vio una oportunidad que rápidamente se expandió globalmente: los repartidores de aplicaciones . Sin embargo, ahora enfrentan una situación sin precedentes, pues el actual Gobierno de México busca regularizar este tipo de trabajos, lo que dejaría en desventaja a los repartidores.
Actualmente, en México existen alrededor de 500 mil trabajadores de aplicaciones. Ellos solicitan que antes de implementar una legislación, el gobierno comprenda que regular su actividad podría impactar negativamente a toda una cadena productiva y de servicios. Esto comenzaría afectándolos a ellos directamente, a los comercios que distribuyen más productos gracias a su labor y, finalmente, a los clientes, quienes podrían enfrentar una disminución en sus opciones de consumo.
Repartidores encontraron en la tecnología su fuente de trabajo
Principalmente jóvenes, estos trabajadores utilizan la tecnología para superar barreras físicas, entregando productos con rapidez y eficiencia. Para muchos, como Xiomara del Pino, este trabajo pasó de ser un complemento a convertirse en una fuente principal de ingresos. “Nos conviene, somos dueños de nuestro tiempo”, afirma.
Ganan prácticamente lo que quieren, ya que en este trabajo las metas se las impone cada repartidor. Así lo confirma Cristian García, quien nos comenta lo siguiente: “¿Todo va a depender también de tu trabajo y cómo te esfuerces y tus gastos no?, si sale, si sale, obviamente”. Es así que los repartidores por aplicación ganan por día, por hora y por pedido.
Gobierno busca regular a repartidores por aplicación
Sin embargo, hoy enfrentan un desafío. El anuncio del gobierno federal sobre una posible regulación laboral para ellos no ha sido bien recibido. Edgar Galicia, otro repartidor, expresa su preocupación: “No quiero que nos regularicen... perderíamos la libertad de trabajar a nuestro ritmo”.
Los repartidores temen que ser integrados a un régimen formal, como el de cualquier otro trabajador, haría que se reduzcan sus ingresos y se vean privados de la flexibilidad que valoran en su tiempo de trabajo. Además, la mayoría de ellos coincide en que el gobierno debería preocuparse más por cumplir su principal obligación, que es garantizar seguridad para realizar su trabajo.
