A través de su acostumbrada conferencia matutina, también conocida como “Contramañanera”, los juzgadores del Colectivo Artículo 41 hablaron sobre la preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el avance de la Reforma Judicial, y ahora también sobre las recientes acciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
A través de un enlace remoto, el juez Francisco Javier García Contreras explicó cuál es la situación de las múltiples suspensiones provisionales que han sido violentadas para seguir con la Reforma al Poder Judicial, encabezadas por el Gobierno Federal y la Cámara de Senadores, quienes en un principio no hicieron caso a los mandatos judiciales.
“Las asociaciones civiles, que tienen en su objeto social la defensa de derechos humanos, promovieron un juicio de amparo donde reclamaron, desde un inicio, el proceso legislativo para lo que yo llamo “dizque Reforma Judicial ”. Se concedió la suspensión para que en su momento no avanzaran las autoridades demandadas (Presidencia y Cámaras de Diputados y Senadores), lo cual lamentablemente aconteció", explicó como contexto el juez.
Es el segundo apercibimiento, ya que el primero en contra el #INE fue una multa superior a los 54 mil pesos.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2024
Agregó que el @INEMexico ha contestado con evasivas y falacias para no cumplir. El plazo correrá a parir de que hayan sido notificados.
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Jueces advierten al INE sobre los riesgos de evadir otra suspensión provisional
Tras explicar que la Presidencia y San Lázaro hizo caso omiso a las suspensiones provisionales de la Reforma Judicial, el juez García Contreras explicó que se amplió la parte demandada y ahora también se incluye al INE, quienes tienen en sus manos la organización de la elección de juzgadores, establecida en la reforma.
Explicaron que, en un plazo de 24 horas, deben cumplir con la suspensión que les ordena detener el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Así mismo, advirtieron que, de no cumplir, se aplicará otra multa y dará vista al Ministerio Público de la Federación para aplicar las sanciones correspondientes que incluso podrían ser de destitución o cárcel para quien incurra en desacato.
Este se trata del segundo apercibimiento, ya que el primero en contra el Instituto Nacional Electoral fue una multa superior a los 54 mil pesos.
