Después de más de seis horas de discusión, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular la Reforma Energética , en la que se establece que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasarán de ser Empresas Productivas del Estado a Empresas Públicas del Estado.
La reforma fue aprobada con 86 votos a favor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados y 39 votos en contra de la oposición y una abstención. Establece que el sector público tendrá a su cargo las áreas estratégicas, manteniendo siempre el gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado. Cabe destacar que el voto número 86 fue del expanista Miguel Ángel Yunes.
La oposición votó en contra por considerar que se trata de un retroceso que terminará afectando a Pemex, a la CFE y a todos los mexicanos, además de que traerá consecuencias negativas para México en el Acuerdo Comercial para América del Norte.
🔴#ÚLTIMAHORA Con 86 votos a favor y 39 en contra, el Senado aprueba, en lo general y en lo particular, minuta de reforma en materia de áreas y empresas estratégicas
— Canal del Congreso (@CanalCongreso) October 17, 2024
🔸Se remite a los congresos locales pic.twitter.com/9ofiHQhLV6
Ahora la reforma pasará a los Congresos Estatales, donde se requerirá que 17 de estos (la mitad más uno) la aprueben y sea enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.
¿Qué implica que Pemex y CFE regresen a ser empresas públicas del Estado?
Tanto Pemex y CFE fueron establecidas como “empresas productivas del Estado” durante la administración de Enrique Peña Nieto en 2013. En ese entonces, las empresas fueron reestructuradas para operar bajo un marco de derecho mercantil, lo que permitió una mayor apertura a la inversión privada en el sector energético; sin embargo, esto era criticado por el oficialismo actualmente.
Uno de los principales argumentos a favor de esta reforma es la necesidad de “recuperar” la soberanía energética del país. Las autoridades sostienen que al clasificar a Pemex y CFE como empresas públicas, se garantiza que el Estado mantenga el control sobre los recursos estratégicos del país.
