Un Fiscal especial es la peor pesadilla que en la vida real puede tener una persona en Estados Unidos. El fiscal, que es nombrado por el Departamento de Justicia, es un investigador con poderes legales extraordinarios, que tiene la autoridad legal para emitir citatorios legales, forzar testimonios y obtener pruebas y evidencias que puedan convertirse en cargos criminales. Lo más peligroso de un fiscal especial es que tradicionalmente escarba en todas partes, no solamente en el crimen o delito que originalmente creó la investigación.
Sí, por eso se dice que quien es sujeto de ese tipo de investigación llega a conocer, lo que es un infierno en vida.
Un fiscal especial como el que fue nombrado para investigar al expresidente Donald Trump puede revisar todos los detalles de la vida de una persona, sin importar que tan confidenciales sean.
Podría el nuevo fiscal especial meter a Trump a la cárcel
El nuevo fiscal especial fue asignado para investigar dos cargos muy serios contra el expresidente:
1.- Incitar a la violencia contra el Capitolio para evitar la certificación del nuevo presidente el 6 de enero del 2021.
2.- Retener documentación presidencial secreta en su domicilio particular sin ninguna autorización oficial previa.
Obviamente el fiscal necesita descubrir y exhibir pruebas de culpabilidad.
Trump ya no es presidente, y que sea pre-candidato a la presidencia del país no lo aísla de, en caso de ser culpable, ir a la cárcel. Claro que esa acción también terminaría con sus aspiraciones presidenciales para el 2024.
Aquí surgen varias preguntas, la principal, si la investigación es imparcial y a profundidad. Para darle confianza a la gente de Estados Unidos, el Departamento de Justicia necesita dar respuesta a ambas preguntas con una afirmación enfática.
La gran pregunta es ¿qué pasaría si Trump es encontrado culpable?
Aquí, la claridad a esa respuesta se torna difusa. La razón es que nadie sabe cómo reaccionarían los millones de seguidores y fanáticos que aún tienen a Trump como inspiración política y guía ideológica. No es exageración decir que muchos de esos fanáticos estarían dispuestos a dar la vida por Trump.
Dígame usted ¿a quién más conoce que tenga gente dispuesta a ofrecer la vida, por un líder-- a quién ni siquiera conocen de cerca?
¡Exacto! Trump hoy vilipendiado y devaluado por muchos, sigue siendo la única persona que sin ningún cargo en el gobierno puede movilizar, él solo, a millones de ciudadanos airados y ofendidos.
Porque existen los fiscales independientes
El episodio de Watergate en 1972 hizo que el congreso viera la necesidad de investigar a los más altos funcionarios del gobierno. Por eso en 1978 los legisladores emitieron la “Ley de ética en el gobierno”, cuyo Título VI establece las reglas formales para el nombramiento de un fiscal especial.
Desde entonces y como resultado de esa ley ha habido un sinnúmero de investigaciones contra altos funcionarios del gobierno. Entre ellos hay que destacar a los únicos tres fiscales que han investigado a tres presidentes en funciones.
En 1986, Lawrence Walsh investigó al presidente Ronald Reagan, por haber desviado dinero obtenido de ventas de armamento a Irán, para financiar la guerra contra el gobierno Sandinista de Nicaragua con la guerrilla conocida como “La Contra”. Ambas acciones habían sido prohibidas por el congreso. El fiscal Walsh no solo investigó a Reagan, sino a su gabinete de seguridad, a la Central de Inteligencia y al FBI. Imagínese el enorme poder que la ley le concedía.
El segundo fiscal especial fue Kenneth Starr que investigó al presidente Bill Clinton por todo lo que pudo y por todo lo que se le ocurrió. Desde el financiamiento que obtuvo como gobernador del estado de Arkansas para la compra de bienes raíces en el desarrollo recreativo conocido como White Water, hasta sus relaciones íntimas con Mónica Lewinsky.
La ley que creó al fiscal independiente fue objeto de abusos.
A mediados de los 1990’s muchos legisladores republicanos en el Congreso se pusieron como su misión principal en la vida destruir a Bill y a Hillary Clinton.
Claro que el presidente en varios lapsos de juicio dio motivos para que eso ocurriera. Pero aun así, durante la investigación del presidente y su esposa, se nombraron a otros siete fiscales especiales para investigar actos de corrupción a los más altos niveles del poder ejecutivo, y así terminaron sometiendo a investigaciones de fiscales independientes al entonces secretario de Agricultura, al entonces secretario de Vivienda, a la secretaria del Interior y hasta hubo un debate en el congreso acerca de si el secretario de Comercio, que era uno de los aliados políticos más importantes de Clinton y que había muerto en un accidente aéreo en 1996, debería seguir siendo investigado después de muerto.
Como consecuencia, las mente ecuánimes hicieron ver en el Congreso que el estatuto que dio vida a los fiscales independientes había sido objeto de abusos políticos y por esa razón en 1999 en lugar de renovar esa ley, la dejaron expirar.
Hoy en el 2022 la ley aún le permite al procurador general de justicia, ayudarse en una investigación por un fiscal especial, que ya no es totalmente independiente porque está bajo la supervisión directa del procurador general de justicia del país. La ley aún hoy prohíbe que nadie más en el gobierno interfiera, influya o incluso despida al fiscal investigador. Ni siquiera el presidente puede despedirlo o presionarlo, solo la procuraduría considerada por las leyes un órgano independiente de las presiones políticas de Washington tiene esa potestad.
Por eso usted seguro recuerda a Robert Mueller, el exdirector del FBI y de la CIA que, como fiscal especial, dirigió la investigación contra el presidente Donald Trump mientras estaba en funciones. El objetivo fue determinar si hubo coordinación entre Rusia y la campaña de Trump en el 2016 para ganar la elección. Mueller con sus poderes judiciales durante dos años emitió más de 2800 citatorios de comparecencia a testigos y ejecutó casi 500 órdenes de allanamiento e incautación de domicilios, sitios de trabajo y negocios privados de posibles testigos y sospechosos de coludirse con Trump y el gobierno ruso.
Esa investigación resultó en cargos criminales contra 34 personas, incluidos varios asociados de Trump, que fueron encontrados culpables de colusión junto con tres entidades comerciales. Pero el fiscal Mueller no levantó cargos criminales contra Trump ni contra su campaña presidencial, y a pesar de que hubo evidencia de que Trump obstruyó el proceso jurídico, lo que popularmente se llama “Obstrucción a la justicia”, no se inculpó al presidente. Curiosamente y en un reto a la razón, tampoco se le exoneró.
Semanas antes de que la presidencia de Donald Trump concluyera, el entonces Procurador General de Justicia, le dio a John Durham entonces el principal fiscal federal en Connecticut, el título de investigador especial. Su encomienda, seguir investigando el posible involucramiento ruso en la elección del 2020 a favor de Trump. La investigación siguió ya bajo el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden. Hoy, esa segunda investigación parece estar terminando sin haber aún producido convicciones importantes. Irónicamente los dos casos que Durham llevó a juicio terminaron en absoluciones.
En el caso actual Merrick Garland, el procurador general de justicia, recurrió a Jack Smith, un veterano fiscal de crímenes de guerra con experiencia en investigaciones de corrupción pública, para que dirija las nuevas investigaciones contra Trump.
Por si fuera poco, el gobierno del estado de Georgia nombró también a un fiscal investigador para que determine si el expresidente intentó cambiar los resultados de la elección presidencial en el estado de Georgia en el año 2020 y si continuó con esos intentos después de la elección en el año 2021.
¿Investigaciones independientes o venganzas políticas?
Donald Trump es uno de los estadounidenses más investigados y con más demandas legales en las cortes de justicia de todas las instancias. Trump se ha defendido alegando qué estas son venganzas políticas qué convirtieron al sistema judicial en arma política. Consecuencia, hay mucha gente por todo EU que ve en estas nuevas investigaciones un atropello por parte del gobierno de Joe Biden y un abuso de su autoridad judicial.
Mientras, en la nueva cámara de representantes la raquítica mayoría republicana está preparando cinco distintas investigaciones contra el presidente Joe Biden. Abordarán desde el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, y la forma de manejar las vacunas contra el Covid-19, hasta los negocios privados de Hunter Biden el hijo del presidente y de otros miembros de la familia cercana del presidente.
No hay ninguna duda que ambos lados con estas acciones están dividiendo más a un país qué ya está partido por la mitad. En ambos bandos, millones de personas ven en estas investigaciones actos de venganza política.
Para terminar sería prudente aquí, recordar qué la sabiduría china da un consejo para aquellos que reclaman venganza. Los chinos aconsejan que antes de desquitarse, el que lo haga debe cavar… dos tumbas.
