¿Control o regulación? La iniciativa que pone en “jaque” a la propiedad privada en CDMX

A partir de 2025, la propiedad privada en la Ciudad de México se encuentra en el foco de atención debido a una reciente reforma aprobada por el gobierno de Morena.

Esta reforma, que está dentro del nuevo Código Fiscal, establece que todos los propietarios de viviendas habitacionales con un valor catastral superior a cuatro millones y medio de pesos deberán presentar una “declaración informativa” ante la Secretaría de Finanzas de la capital.

La modificación en el artículo 132 del Código Fiscal obliga a los propietarios a informar al gobierno sobre el estado de sus inmuebles, incluyendo su uso actual. El legislador Diego Garrido del Partido Acción Nacional (PAN) expresó su preocupación, señalando que aquellos que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar multas de entre cuatro mil y diez mil pesos.

Los críticos de la reforma argumentan que esta intervención del gobierno en la vida privada de los ciudadanos es excesiva e injusta. Se cuestiona la necesidad de que el Estado conozca el uso particular de cada propiedad, ya sea que esté habitada, alquilada o desocupada. Este exceso de información podría considerarse una invasión a la privacidad y un intento de control sobre los ciudadanos y sus bienes.

Según los opositores, el gobierno no debería tener derecho a inmiscuirse en cómo se utiliza una propiedad y que cada propietario tiene el derecho de disfrutar de su inmueble sin interferencias.

Los ciudadanos más afectados han manifestado su descontento con esta medida, considerándola selectiva e injusta, ya que solo aplicaría a quienes poseen inmuebles de mayor valor catastral. Algunos argumentan que esta política podría ser el primer paso hacia un intento de expropiación o confiscación de propiedades, especialmente en casos donde no se pueda comprobar un uso adecuado del inmueble.

La percepción general es que el gobierno busca una forma de controlar y, potencialmente, perjudicar a los propietarios de bienes raíces.