Lo del ministro Alberto Pérez Dayán es de pena ajena y no, no me refiero a la cruzazuleada que se aventó en la sesión de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tampoco a la supuesta extorsión de la que fue objeto según algunos chismosos del periodismo y que terminaron por voltearlo como tazo en el recreo.
Si no, más específicamente, a sus razones para pronunciarse en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá , que buscaba invalidar algunas partes de la reforma al Poder Judicial.
En particular, cuando Pérez Dayán dijo:
“Quienes en su momento decidieron repartir los escaños de cada cámara tendrían perfectamente claro que esas mayorías podrían llegar a decisiones como esta a la cual yo me referí como una reforma irresponsable… pero tan irresponsable la creo como, atribuido a mí mismo, tampoco podría decir que tengo las facultades para decir que es lo que debió llevar o no llevar la Constitución”.
Aquí es donde la-puerca-tuerce-el-rabo porque si alguien tiene facultades para decir lo que debe llevar o no la Constitución es él… porque la SCJN es un Tribunal Constitucional.
Y, como es sabido, los tribunales constitucionales tienen al menos tres funciones principales:
- Control de constitucionalidad de los actos;
- Control de la distribución de competencias; Y,
- Garantía de los derechos fundamentales.
Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dicen las eminencias del Derecho Constitucional en México:
Por ejemplo, en Ius constitutionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos , una obra al resguardo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, la Dra. Laurence Burgorgue-Larsen, reconoce estos tres aspectos como parte del esquema “clásico” de los tribunales constitucionales:
“La función esencial de todo tribunal constitucional consiste en examinar la conformidad con la Constitución —es decir, con el texto supremo del orden jurídico— de todo tipo de actos, tanto legislativos como infra legislativos”.
Esta opinión no es impopular porque la comparten otros grandes juristas como Dieter Nohlen, Diego Valdés y el mismo Pedro Salazar Ugarte, quienes también escriben en ese libro.
Entonces, que no le vendan piñas: lo del ministro Pérez Dayán fue una falacia, un engaño… un auténtico mamarracho que solo se equipara a lo hecho por Miguel Ángel Yunes Márquez , hace un par de meses.
Esperemos el juicio de la Historia sobre los hombros del ministro y otros tantos que sin querer queriendo nos colocaron en el sendero de los regímenes autoritarios.
En fin, el PRI engañó más.
