El Tribunal Supremo de España informó que la Audiencia de Barcelona será la encargada de juzgar el caso ‘Neymar 2', desestimando la moción que pedía que el juicio se desarrollara en Madrid, propuesta por la empresa brasileña DIS.
En este caso, el astro brasileño del París Saint-Germain será juzgado, junto a sus padres y los últimos dos presidentes del Barcelona: Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, son acusados por presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa, atribuídos al fichaje de Neymar con el club catalán en el verano de 2013.
La resolución del Tribunal Supremo señala que no se puede confirmar que los delitos por los que son acusados fueran cometidos en el extranjero, lo que habría provocado que el juicio fuera trasladado a Madrid, pero sí hay indicios de que varias acciones se produjeron en Barcelona.
Neymar, sus padres y los dos ex dirigentes del Barcelona solicitaron que el juicio se realizara en Barcelona, mientras que la fiscalía local se apoyaba en la versión de la empresa DIS, que señalaba que tenía un acuerdo por el 40 por ciento de los derechos federativos del futbolista brasileño, y que fue estafada porque no recibió su pago correspondiente cuando el jugador fue transferido del Santos de Brasil al Barcelona.
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LA INVESTIGACIÓN LLEVA MÁS DE 5 AÑOS
Esta investigación comenzó dos años después de que Neymar llegó al Barcelona, a finales de 2015, cuando el fondo de inversión brasileño DIS (en aquel momento propietario del 40 por ciento de los derechos federativos del atleta) señaló que el futbolista, sus padres y los dirigentes del Barcelona negociaron el precio del traspaso a sus espaldas para rebajar la cantidad que se le debía pagar a la empresa.
La fiscalía, respaldada por DIS, mantiene el requerimiento de 2 años de prisión a Neymar y su padre en caso de resultar culpables, además de 10 millones de euros como multa para el futbolista. La madre de Neymar sólo recibiría un año de prisión.
De igual gorma, se reclama una multa de 8.4 millones de euros para el Barcelona y otros 7 millones para el Santos de Brasil, además de 5 años de prisión para Sandro Rosell y otros 5 para Josep María Bartomeu. Esta cifra es menor, pues cuando se realizó la transerencia, Bartomeu únicamente era vicepresidente del club.
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