Dina Boluarte, presidenta de Perú, dijo que colaborará con la fiscalía que investigará las decenas de muertes ocurridas durante las violentas protestas tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo a principios de diciembre.
Varias personas denunciaron supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad pública durante los despliegues para restablecer el órden en el país, por lo que Boluarte aseguró que no habrá impunidad.
“No vamos a permitir impunidad, que se investigue, que se individualice los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles que corresponden”, declaró Boluarte a los medios internacionales en una rueda de prensa.
De acuerdo con una investigación hecha por la agencia de noticias Reuters, encontraron varios casos de personas que fueron asesinadas a tiros en Ayacucho, la región que registró más víctimas durante las protestas.
La convulsión social, que estalló principalmente en las empobrecidas regiones del sur de Perú dejó al menos 22 muertos durante enfrentamientos y otras seis personas fallecieron en accidentes relacionados a los bloqueos, según datos oficiales.
Las autoridades de #Perú deben priorizar el diálogo y el respeto de los derechos humanos como vía para resolver la crisis política. Ello requiere investigar las alegaciones de serios abusos por fuerzas de seguridad y la violencia durante las protestas. pic.twitter.com/0f8QZdRFx2
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) December 22, 2022
¿Por qué protestaban en Perú?
Perú se vio sacudido a inicios de diciembre por violentas manifestaciones y bloqueos de infraestructura clave que llevaron a una contundente respuesta de las fuerzas militares, luego de que salieran a las calles para apoyar a la policía cuando el gobierno declaró un estado de emergencia.
Dina Boluarte tomó juramento como presidente de perú el 7 de diciembre, unas horas después de la destitución y arresto de Pedro Castillo, quien intentó disolver de forma ilegal al Congreso, dominado por la oposición.
La detención de Castillo tras su intento de eludir un juicio político en el Congreso también acarreó una crisis diplomática para Perú y la región, con declaraciones de los mandatarios de México y Colombia en torno al presunto trato injusto que recibió el exmandatario.
Este jueves una sala de apelaciones de la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva de 18 meses contra Pedro Castillo mientras se realizan las investigaciones por rebelión, cargo del que se le acusa en Perú .
