El fin de semana fue localizado el cuerpo de María Gabriela en su casa ubicada en la capital de Puebla. Todo apunta a un feminicidio, y a casi una semana de su desaparición, su pareja sentimental se ha convertido en el principal sospechoso de su muerte.
Este lunes, la entrada del que era el domicilio de María Gabriela de los Ángeles López Camarillo estuvo asegurada y con cintas de acordonamiento colocadas por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla.
Esta mujer fue hallada muerta al interior de su propia casa en el fraccionamiento Los Héroes.
El equipo de Fuerza Informativa Azteca acudió al lugar del hallazgo y entrevistó a un par de vecinas: “El cuerpo no estaba aquí, yo digo que la mató en otra parte y la trajo porque el cuerpo no estaba aquí; todos entraron a su casa: sus familiares, la policía y el cuerpo no estaba"; dijo una mujer que prefirió el anonimato.
María Gabriela vivía con sus dos hijos y con su esposo en el inmueble marcado con el número 55, mismo del que se le vio salir en pleno 8 de marzo, y al cual, regresó muerta. Su cuerpo fue encontrado tres días después en un registro de agua.
Feminicidio de María Gabriela habría ocurrido el Día Internacional de la Mujer
“Está un cuadro en donde cae toda el agua, entonces yo supongo que ahí la trató de estar metiendo. No sé si la haya cortado porque ese día sacaron medio cuerpo"; detalló la vecina entrevistada.
Autoridades estatales informaron la detención de un hombre: Jorge Ismael “N”, quien era pareja sentimental de María Gabriela y quien sería la última persona que sus vecinos hubieran sospechado, pues su forma de actuar era cordial, según refirieron.
“Pensamos que habían sido los albañiles que vinieron a hacerle la construcción, porque su casa está en obra. Tuvo un problema con los albañiles, entonces llegamos a dudar de los albañiles porque se empezó a gritonear con ellos"; declaró la vecina.
De comprobarse que Jorge Ismael “N” es responsable, el feminicidio de María Gabriela sería el primero juzgado bajo la Ley Monzón, la cual, consiste en suspender la patria potestad a padres de familia investigados por este delito, de acuerdo con la Reforma a los códigos penal y civil y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla.
“Todavía el señor me dio hojas llorando, llorando me dijo que su esposa no aparecía y me dio volantes para que repartiera porque sabía que yo vendía"; concluyó el testimonio.
