Por orden judicial, la Fiscalía General de la República deberá reaprehender a siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México ocurrida el 30 de junio de 2014, así lo confirmaron fuentes del gobierno federal.
Tras resolver un recurso de apelación, el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México determinó que debían regresar a prisión los elementos del Ejército Mexicano para enfrentar acusaciones por ejercicio indebido del servicio público.
La resolución advirtió además que de los siete implicados, tres tienen causas penales pendientes por homicidio calificado. De acuerdo con las fuentes consultadas se trata de Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández.
De acuerdo con las constancias judiciales, al menos 15 civiles fueron asesinados por militares, que en principio habrán manejado la versión de un enfrentamiento con un grupo armado al interior de una bodega ubicada en la comunidad del municipio mexiquense de Tlatlaya.
Tres meses después, es decir en septiembre de 2014, una testigo de nombre Clara Gómez denunció que los militares ejecutaron a los civiles una vez rendidos, versión que fue reforzada con otras declaraciones.
En mayo de 2016 la PGR informó que un tribunal unitario había ordenado la liberación de los siete castrense pues el ministerio público no había aportado los elementos suficientes de convicción para mantenerlos en la prisión.
