Cd. de México.- Al cumplirse el 40 aniversario de la declaración el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitieron este viernes una declaración.
Los Estados alrededor del mundo deben todavía actuar urgentemente para prevenir e investigar las desapariciones forzadas durante la pandemia por COVID-19 y la búsqueda de las víctimas debe continuar sin demora.
Particularmente, asegura el comunicado, hay alarma acerca de las alegaciones de desapariciones forzadas recibidas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta situación es tanto más preocupante pues la búsqueda y la investigación de las desapariciones forzadas ha sido frecuentemente puesta en pausa dadas las restricciones introducidas como resultado de la pandemia.
Asegura que las víctimas son a menudo olvidadas y las familias están sufriendo, al no conocer el destino de sus seres queridos. La búsqueda y la investigación son obligaciones continuadas y deben ser llevadas a cabo, tomando en cuenta las medidas sanitarias que se consideren necesarias.
La COVID-19 también creó nuevos y preocupantes contextos para las desapariciones forzadas. Hemos visto ejemplos de cuarentenas obligatorias en lugares de privación de la libertad, durante las cuáles las familias no conocen el destino y paradero de sus familiares. Subrayamos la necesidad de que los Estados aseguren que las familias sean pronta y sistemáticamente informadas de cualquier cuarentena.
También preocupa que la suspensión de visitas ha llevado, en algunos casos, a la ausencia completa de contacto entre personas detenidas y sus familiares o representantes legales, lo cual lleva a detenciones en incomunicación y puede conducir a una desaparición forzada.
El contacto continuo debe ser asegurado, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas o medios electrónicos, y el monitoreo de la detención debe continuar. Deben ser consideradas alternativas a la custodia y deben ser provistos adecuados cuidados y asistencia de salud.
También estamos preocupados de que la pandemia por COVID-19 es una amenaza añadida a la salud de las víctimas de desaparición forzada que son mantenidas ocultas en lugares de detención oficiales o no oficiales. Recordamos a los Estados que deben registrar consistentemente a todas las personas detenidas y proveer información actualizada de su destino y paradero.
La COVID-19 ha creado riesgos adicionales para las personas migrantes también. Emitimos una declaración conjunta sobre migración el año pasado, y ahora hacemos un llamado para lograr esfuerzos concertados para asegurar que la búsqueda e investigación de la desaparición de migrantes continúe y que ningún Estado retorne forzosamente o extradite a una persona a otro Estado donde estaría en peligro de ser sujeto de desaparición forzada.
En el contexto de la COVID-19, también son necesarias medidas específicas para prevenir las desapariciones forzadas y respetar los derechos de las víctimas. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que los familiares de las personas que han muerto por COVID-19 puedan identificar los restos y que los cuerpos sean manejados en línea con sus tradiciones, religión y cultura.
Reafirmamos fuertemente nuestro apoyo y solidaridad con todas las víctimas de desaparición forzada, sus familiares y aquellos que les ayudan en su lucha cotidiana por verdad y justicia. En estos tiempos de crisis, los familiares de personas.
