La Corte Suprema del Estado fijó el 4 de diciembre como fecha de ejecución para Richard Bernard Moore, en una penitenciaria ubicada en Carolina del Sur; el hombre de 55 años ha pasado 19 años en el corredor de la muerte, después de ser declarado culpable de matar a un empleado de una tienda en Spartanburg.
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Los abogados del condenado buscan suspender la ejecución, citando los peligros de la pandemia de coronavirus para los involucrados en la ejecución y sus testigos.
También dicen que el departamento de correcciones está reteniendo información sobre sus métodos de ejecución, evitando que Moore tome una decisión informada entre morir por inyección letal o por electrocución, las dos opciones que ofrece la ley estatal.
MOORE, RICHARD BERNARD (00006003),,,
— jeveva (@ChasCoMugshots) August 23, 2015
SPARTANBURG / DEATHROW,,,
MURDER,,,2001,,,#chsnews pic.twitter.com/Gji75o9BZc
En un comunicado emitido por Justice 360, una organización sin fines de lucro que representa a Moore, comentó que Carolina del Sur está preparada para llevar a cabo su primera ejecución en casi una década bajo un velo de secreto sin precedentes en medio de una pandemia mundial.
Agregaron que el Departamento Correccional de Carolina del Sur se niega a divulgar información sobre cómo pretende llevar a cabo la ejecución, desde el tipo y la fuente de las drogas inyectables letales hasta el estado y las pruebas de la silla eléctrica, creando el riesgo de una ejecución tortuosa sin vigilancia.
Aunque los abogados de Moore han demandado a la agencia penitenciaria en un tribunal federal para obligarla a divulgar dicha información, el departamento dijo en una carta de septiembre que ha sido abierto sobre la falta de inyecciones letales y que no puede revelar detalles como las identidades del equipo de ejecución, miembros o suministros de medicamentos.
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Según la ley estatal, Richard Bernard Moore tiene hasta 14 días antes de la fecha de ejecución para elegir entre los dos métodos; si no toma una decisión, el método predeterminado es la inyección letal.