Incertidumbre y desesperanza se cierne sobre decenas de nicaragüenses que, tras buscar un futuro en Estados Unidos, se encuentran con las puertas de su patria cerradas. El régimen de Daniel Ortega implementó una reforma a la Ley de Migración que, en la práctica, convierte el retorno al país en una ruleta rusa para aquellos que considera una amenaza.
La iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 761, aprobada en noviembre de 2024, otorga a la Dirección General de Migración y Extranjería la facultad de denegar el ingreso y cancelar la permanencia, residencia e incluso la nacionalidad nicaragüense a cualquier persona.
Hasta la fecha, más de 160 nicaragüenses han visto frustrado su intento de regresar a casa. “Esto es una expresión de crimen de lesa humanidad”, denunció Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una ONG que brinda apoyo a migrantes en Costa Rica.
Carrión, en declaraciones a la Voz de América, explicó que la organización está recopilando denuncias de afectados a través de redes sociales y medios de comunicación. Entre las víctimas de esta política se encuentran periodistas, activistas, reinas de belleza, influencers y ciudadanos comunes.
Un giro legal a la represión en Nicaragua
Si bien la negación de ingreso a voces críticas del gobierno no es una novedad, la reforma a la Ley 761 legaliza una práctica que antes se ejercía de facto, al margen del marco legal.
Analistas políticos coinciden en que esta medida representa una escalada en la represión orquestada por el régimen de Ortega.
Decenas de personas que intentan retornar a Nicaragua están en el limbo debido a modificaciones a la norma migratoria en el país dispuestas por la administración de Daniel Ortega. https://t.co/tzV0wZPXAV
— Voz de América (@VozdeAmerica) February 13, 2025
Mientras tanto, cientos de nicaragüenses permanecen en un limbo legal, sin saber cuándo o si podrán volver a pisar su tierra natal.
Esta nueva arremetida del régimen autoritario de Daniel Ortega contra los derechos fundamentales de los ciudadanos plantea serias interrogantes sobre el futuro de Nicaragua y la posibilidad de un retorno a la democracia, pues el país sigue hundido bajo un gobierno que viola constantemente los Derechos Humanos.
