Sin ley ni proceso: NAFIN ejecuta desvío millonario sin aval legal
Frente a la narrativa oficial que busca disfrazar el desvío millonario como una acción legal, la realidad es que han perpetrado un agandalle del dinero fiduciario del Poder Judicial
En recientes días, el Gobierno federal enfrentó una polémica fuerte con el Poder Judicial debido a la transferencia ilegal de miles de millones de pesos provenientes de fideicomisos vinculados a este poder del Estado.
A pesar de que las autoridades han intentado negar la magnitud del desvío, la realidad indica que Nacional Financiera (NAFIN) realizó un apoderamiento unilateral e ilegal de estos recursos, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y el funcionamiento del sistema judicial.
Negación oficial y contradicciones
Este miércoles, “afirmaron” que la transferencia de recursos fue legal y ordenada por el Artículo 10 transitorio del decreto que reforma el Poder Judicial.
Según su versión, los fideicomisos que no se encuentren en una ley debían ser extinguidos, por lo que Nacional Financiera actuó conforme a la norma. Sin embargo, este argumento fue desmentido por expertos legales que señalan que sí se permitió la extinción, pero en estricto apego a los procesos y con la autorización de los comités técnicos, órganos que por ley tienen la exclusividad para disponer de los fondos fiduciarios.
Violación de procesos y seguridad jurídica
Ricardo Mendoza, abogado especialista en derecho, explica que se requiere confianza en las instituciones fiduciarias para preservar la seguridad jurídica. El manejo de fideicomisos debe respetar los contratos, reglamentos y la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
La actuación unilateral de NAFIN al transferir los 10 mil millones de pesos sin aval del comité técnico constituye una violación grave, que además genera responsabilidades administrativas y penal, como menciona José Alberto López Torres, experto en derecho mercantil.
Mentiras legales y confusión normativa
El Gobierno también intentó escudarse en una supuesta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) basada en la Ley de Supremacía Constitucional para justificar la devolución de los fideicomisos a la Tesorería Federal.
Sin embargo, esta interpretación ha sido calificada como sesgada y errónea, pues ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Mendoza señala que tal argumento viola los principios fundamentales del Estado de derecho y el orden constitucional.
