Después de que la reforma judicial fuera aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, la agencia de calificación de riesgo, Moody´s, que ofrece análisis y calificaciones crediticias a los mercados de capitales internacionales, advirtió sobre las implicaciones económicas que podrían impactar a México.
En su análisis, la calificadora menciona que esta reforma al Poder Judicial podría deteriorar los controles y equilibrios, y socavar la fortaleza económica y fiscal de México.
Moody´s prevé incertidumbre para las inversiones en México
El análisis que presentó Moody´s menciona que las modificaciones en el sistema judicial y regulatorio, que incluye la eliminación de organismos autónomos, podrían aumentar la incertidumbre en los proyectos de infraestructura, lo que los volvería menos atractivos para las empresas.
También mencionó que los cambios en el marco institucional también reducirían la disposición de los bancos a asumir riesgos, lo que impactaría negativamente en el crecimiento potencial de sus carteras.
Respecto a las implicaciones en ciertos sectores, explicó que este entorno de incertidumbre jurídica afectaría de manera más significativa a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones y grandes inversiones, como los sectores minero y de telecomunicaciones.
¿Qué falta para que la reforma judicial sea válida?
Después de que la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaran la reforma judicial en lo general y en lo particular, los congresos locales de las 32 entidades federativas del país deberán votar y aprobar o no la reforma.
Para que la reforma pase, necesita al menos 17 votos a favor de los 32 congresos locales de cada entidad federativa. Una vez obtenida esta mayoría, la reforma deberá regresar al Congreso de la Unión para su promulgación.
Posteriormente, la promulgación pasará al Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, para que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Después de esto, entrará en vigor y cada institución judicial tendrá que adaptar sus normativas y procedimientos a las nuevas disposiciones.
